FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las cinco principales distribuidoras eléctricas que operan en España por irregularidades en las tarifas aplicadas en el alquiler de los nuevos contadores de la luz. La cifra estimada que estas distribuidoras han facturado ilegalmente ¿estafado? a los consumidores, superaría los 37 millones de euros. Las empresas denunciadas por Facua son Iberdrola Distribución Eléctrica, Endesa Distribución, Unión Fenosa Distribución (Gas Natural Fenosa), Hidrocantábrico Distribución (EDP HC Energía) y E.On Distribución.
La organización de consumidores Facua ha presentado las denuncias ante varios organismos de control, entre ellos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y las autoridades de protección al consumidor de las diecisiete CC AA.
Según FACUA, estas distribuidoras de electricidad están cobrando a los usuarios por el alquiler de los nuevos contadores una cuota mensual de 0,9801 euros. Pero esta cantidad sólo puede aplicarse, según la normativa en vigor, si los equipos ofrecen unas prestaciones de las que en la actualidad carecen. De ésta manera la cuota que están cobrándonos es un 50% más elevada que la establecida para las instalaciones que carezcan de dichas prestaciones, que es de 0,6534 euros.
Como a finales de este año el Ministerio de Industria prevé que haya 9,5 millones de nuevos contadores instalados, FACUA alerta de que las eléctricas nos facturarán de forma ilegal a los consumidores 37,24 millones anuales. es decir, que cada usuario afectado paga anualmente 3,92 euros de más por el alquiler de contadores inteligentes que no cumplen los requisitos de la legislación eléctrica.
Los requisitos obligatorios de integración en el sistema, que estos contadores instalados no cumplen, deberían permitir a los consumidores funcionalidades como la discriminación horaria, la lectura remota y la disponibilidad de información referente a su consumo. Pero esto no es así y las eléctricas están facturando a los usuarios la tarifa por el alquiler de unos contadores que no instalan y que no permiten a los consumidores integrarse en el sistema de telegestión y telemedida.
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