El Fondo Social de viviendas en alquiler, constituido el 17 de enero de 2013 con la aportación de 6.000 viviendas por parte de 33 entidades financieras, está resultando un sonoro fracaso. Son los propios bancos los que están dando a conocer el lamentable resultado de la iniciativa gubernamental. El Ministerio afirma la existencia de 500 solicitudes aunque desde las instituciones bancarias estiman que no llegarán a 50.

 

Dos son las causas principales de este fracaso que se estaba vaticinando desde el inicio de la experiencia. Por un lado la ubicación de las casas en alquiler, muy lejanas de la vivienda original de la familia desahuciada, que llevan años viviendo en el mismo barrio con colegios y arraigo social que no están dispuestos a perder. Son viviendas que nadie ha querido, ni siquiera el «banco malo». Muchas se encuentran en urbanizaciones aisladas, forman parte de proyectos que han fracasado, en zonas rurales… Factores que dificultan que una familia decida marcharse a ellas. Además de la exclusión financiera, parece que se quiera excluir a estas familias socialmente.

 

Por poner algún ejemplo, Bankia, ha aportado a este fondo un piso en la zona de Atocha de 19 metros cuadrados y un dormitorio, mientras que CaixaBank ha incluido una vivienda de 39 metros cuadrados y cuatro dormitorios en Antas, a casi 100 kilómetros de la capital de provincia, Almería. Son sólo dos ejemplos, pero no los únicos.

 

La segunda razón que está originando este fiasco son los precios de los alquileres, que oscilan entre un mínimo de 150 euros y un máximo de 400. Y esta es una cantidad muy elevada ya que el máximo debiera rondar los 150 euros, que es algo más del 33%  de la renta activa de inversión que son 426 euros.

 

El fracaso del fondo social de viviendas en alquiler se sitúa en línea con el del Código de Buenas Prácticas de la banca puesto en marcha hace un año por el Gobierno para intentar frenar el problema de los desahucios hipotecarios. En todo este tiempo, unas 4.385 familias han intentado acogerse a él. Sin embargo, de los 3.322 casos que ya han sido tramitados, 2.190 fueron directamente denegados por las exigentes condiciones que requiere la norma para amparar a los afectados