Los manejos de los fondos buitre para conseguir los mayores beneficios a costa de los más desprotegidos, son una constante desde que aterrizaron en nuestro país. Y por eso las organizaciones sociales que exigen el derecho a la vivienda y a unos alquileres justos emprendieron hace ya años una campaña en su contra. Así, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha presentado este pasado miércoles una demanda colectiva «única e inédita en España» contra el grupo societario Fidere, propiedad del fondo buitre estadounidense Blackstone. La ONG  espera que el fondo buitre rinda cuentas ante la Justicia  española por  «sus prácticas abusivas en los contratos de alquiler que obligaba a firmar a sus inquilinas».

La demanda colectiva la han presentado 75  familias que quieren llevar ante un juez las malas prácticas llevadas a cabo por el fondo buitre. En el contrato de adhesión que se le da a firmar al inquilino  para el alquiler de la vivienda, tan solo tiene dos opciones: adherirse a la propuesta en su integridad o rechazarla. Esta forma de contratación da pie a numerosos abusos por parte de los especuladores inmobiliarios profesionalizados en el alquiler, que imponen sus «condiciones cada vez más abusivas», recuerda el Sindicato.

Explican, además, que el objetivo de los grandes fondos buitre desde que llegaron a España en 2013 es subir los alquileres todo lo posible para aumentar sus beneficios, inflar al alza los precios del mercado artificialmente y conseguir que se revaloricen sus activos mediante unas prácticas cercanas a la extorsión con un bien que es de primera necesidad.
Este fondo buitre y el resto de los que llegaron a España al olor de la carroña inmobiliaria, se aprovechan de la pasividad o favorecimiento de los Gobierno de España, que han estado premiándoles con privilegios fiscales y protegiendo sus modelos de negocio rentistas mediante microcréditos que asfixian al inquilinato
La demanda fue entregada en mano por las familias y el Sindicato en la sede de Fidere en Madrid, que la recibieron con cierta chanza al pensar que no solo lo tienen todo bien atado, sino que el Gobierno les favorece para proteger las inversiones, más necesarias ahora que nunca.