Son ya más de 306.000 las viviendas de uso turístico en nuestro país; lo asegura la última estadística del INE del pasado mes de febrero, que también certifica un incremento del 16,3% desde la estadística del pasado año. Y se supone que desde esa fecha habrán aumentado unos cuantos más. Esta cifra de pisos turísticos representa más del 1,2% del total de viviendas en España y supone una facturación superior a los 20.400 millones de euros.

Alojamientos turísticos ilegales comercializados a través de de Booking y Airbnb 

Por supuesto todas estas cifras y datos son los visibles, porque todavía hay mucha economía sumergida que utiliza viviendas de uso turístico ilegales para defraudar a Hacienda y a los ayuntamientos. Como es el caso que estos días ha sido sancionado en Cataluña, donde el ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con una multa de 420.000 euros al propietario de un edificio, situado en el distrito de Ciutat Vella, que alquilaba 14 viviendas para comercializarlas a través de Booking y Airbnb como alojamientos turísticos ilegales.

Tras meses de investigación por parte de inspectores municipales del Distrito de Ciutat Vella y de la Guardia Urbana, se constató que los propietarios del edificio evitaban expedientes y sanciones del Consistorio alegando que alquilaban viviendas aparentemente de forma legal con contratos de larga duración a inquilinos concretos, aunque en realidad eran turistas que se quedaban, por poco tiempo, en estos apartamentos.

De este modo, la propiedad evitaba el expediente finalizando el contrato de alquiler o cambiando el titular cuando se acercaba la fecha de conclusión final del trámite administrativo sancionador del Ayuntamiento. El consistorio también ha constatado que, para evitar la inspección de la administración, los infractores desactivaban y activaban los anuncios en las plataformas con nombres, fotos y anfitriones diferentes.

A raíz de una inspección conjunta en abril, comprobaron que 14 de las 15 viviendas estaban ocupadas por turistas alojados en pisos sin licencia para ejercer la actividad turística, y en el piso restante vivía una inquilina de renta antigua que gestionaba la recogida de llaves y entradas y salidas de los pisos.

 A la sanción le sigue la comunicación a la Agencia Tributaria de la situación de ilegalidad

El Ayuntamiento de Barcelona lo considera una «acción muy grave» y por eso sanciona con 420.000 euros a la propiedad por tener una actividad «organizada para esquivar a la administración y usar de forma fraudulenta las viviendas, sin hacer frente a las obligaciones tributarias» por actividad turística.

Junto a la multa se informa a la Agencia Tributaria de la actividad ilegal y del beneficio económico de la propiedad por si debe iniciar acciones de inspección fiscal.

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, consideró que se trata de una «red delincuencial», ya que la actuación del propietario es una «auténtica estafa» y que por eso la sanción es ejemplar y un aviso de que no se permitirá ninguna actuación de este tipo para los que tengan tentaciones de hacerlas, puesto que el Consistorio será implacable en el cumplimiento de la normativa.