A pesar de la interesada ceguera de nuestro Gobierno, el problema de los alquileres continúa creciendo y ya está produciendo más desahucios que los impagos de hipotecas. Y no puede ser de otra manera, con unos sueldos y pensiones que no suben ni un 1% anual y unos alquileres que se han incrementado un 49% en Cataluña y un 27% en Madrid en los últimos cuatro años.  Para atajarlo, antes de que vaya a más, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una proposición de ley en el Congreso para regular alquileres abusivos y mejorara las garantías y el acceso a la vivienda. Entre sus propuestas, incrementar la duración mínima de los contratos a cinco años y posibilitar a las comunidades autónomas y grandes municipios, la capacidad de regular los precios de los arrendamientos cuanto se produzcan incrementos abusivos.

Los políticos no han estado solos en el registro de la propuesta, sino que les han acompañado representantes de los municipios más afectados por la situación, como Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Cádiz, Zaragoza y Santiago de Compostela.

En la rueda de prensa posterior, Irene Montero, portavoz del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso, aseguró que  «es importante que hagamos medidas desde la administración para garantizar que no pueden existir en España alquileres abusivos porque la vivienda es un derecho fundamental». La medida pretende evitar que el mercado del alquiler pase a «estar controlado por fondos buitres y entidades financieras que  suben los alquileres de forma abusiva y expulsan a los vecinos de sus barrios y ciudades» finalizó Montero.

En Madrid, el proceso de burbuja inmobiliaria en el alquiler está alcanzando unas dimensiones preocupantes ya que se está manejando todo el sector por los intereses del mercado y no de las personas, tratando a la vivienda como una mercancía con la que se puede especular y no como un derecho constitucional. Ni las plataformas turísticas, ni las Socimis, ni los fondos buitre pueden imponer su modelo económico, sin que los derechos de las personas desaparezcan. En este sentido es preciso recordar que hace unos días, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas ha instado al Gobierno a que «asegure la vivienda para personas con bajos ingresos»

Otras propuesta de la proposición de Ley presentada es que  en el caso de que los arrendatarios sean personas jurídicas como empresas o fondos de inversión, se pueda prorrogar el contrato otros 5 años si el alquilado ha cumplido con las partes del mismo.