El Govern de la Generalitat de Catalunya ha cerrado una operación histórica para el mercado de la vivienda: la adquisición de 743 pisos al fondo estadounidense Cerberus, a través de su sociedad inmobiliaria Divarian. Con una inversión pública de 71 millones de euros, se trata de la mayor compra hasta la fecha realizada por el Ejecutivo catalán mediante el derecho de tanteo y retracto, una herramienta legal pensada para que las administraciones públicas puedan intervenir en el mercado inmobiliario y proteger el derecho a la vivienda.

Más allá de los números, esta operación tiene una enorme carga simbólica y política: Cataluña planta cara a los fondos buitre y prioriza el derecho a una vivienda digna frente al beneficio especulativo. ¿Será este el principio del fin para los grandes fondos en el mercado catalán? 🤔

🛏️ La compra supondrá la estabilidad para centenares de familias

No estamos hablando de viviendas vacías ni de simples activos financieros. Estos 743 pisos están habitados por personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, que ya han sido víctimas de desahucios y que en muchas ocasiones son sus antigus propietarios. Gracias al programa Reallotgem, impulsado por la Generalitat, pudieron permanecer en sus hogares con un alquiler social subvencionado por el Govern.

Con esta adquisición, se garantiza la estabilidad residencial para todas estas familias, que podrán seguir en sus viviendas, pagando un alquiler ajustado a sus ingresos y sin el miedo constante al desalojo. Como explicó la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, se cumple un triple objetivo:

  • Se amplía el parque público de vivienda.
  • Se protege a familias vulnerables.
  • Se ahorran millones en subvenciones privadas, que ahora se integran en el sistema público. ✅

🏚️ Proceden de desahucios y están habitadas por sus antiguos propietarios

La historia de estas viviendas es la historia reciente del estallido de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias sociales. Proceden de ejecuciones hipotecarias, tras la crisis financiera de 2008. En su momento fueron adquiridas por Divarian, una sociedad conjunta entre el BBVA y Cerberus, creada para gestionar activos tóxicos.

Muchas de las familias que ahora las habitan fueron desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas. Sin embargo, gracias al programa Reallotgem, han podido regresar o mantenerse en sus casas.

Ahora, con la compra por parte del Govern, esos pisos dejan de ser mercancía en manos de un fondo buitre y se convierten en parte del parque público. Un giro necesario y ejemplar. 🙌

⚖️ La acción se ha realizado por tanteo y retracto

La operación ha sido posible gracias al ejercicio del derecho de tanteo y retracto, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer sus inmuebles a la administración antes de venderlos en el mercado libre.

Esta herramienta, poco conocida fuera del ámbito jurídico, se ha demostrado eficaz para evitar la especulación con viviendas ocupadas o destinadas al alquiler social. El Govern ha actuado con rapidez: según Paneque, fue necesario articular los 72 millones de euros en cuestión de días.

La acción se enmarca en un plan más ambicioso: incorporar 50.000 viviendas al parque público de aquí a 2030, mediante compra directa y nueva promoción. Una estrategia que busca frenar el desarraigo y la expulsión de residentes por presión inmobiliaria.

💼 Las medidas del Govern por el alquiler social no gustan a los fondos de inversión que huyen de Cataluña

Y aquí está la clave del conflicto: la intervención pública en el mercado del alquiler y la protección del derecho a la vivienda están ahuyentando a los grandes fondos de inversión. ¿La razón? La pérdida de rentabilidad y la creciente inseguridad jurídica que perciben ante las medidas adoptadas por la Generalitat.

Fondos como Blackstone, Cerberus, APG o Aware, a través de sus socimis, han iniciado procesos de venta de sus carteras de viviendas en Cataluña. Algunos lo hacen piso a piso; otros, como Cerberus, venden paquetes completos. Cataluña ya no es negocio para los fondos buitre, y eso es una buena noticia para el acceso a la vivienda. 🚪

Un directivo de uno de estos fondos afirmaba recientemente que «queriendo arreglar las cosas, las empeoran». Una declaración que revela mucho sobre la mentalidad con la que han operado estos fondos en España.

🌍 Las viviendas se encuentran diseminadas por Cataluña

Los 743 pisos adquiridos no se concentran en un solo núcleo urbano, sino que están repartidos en un centenar de municipios.

  • Área metropolitana de Barcelona: 487 viviendas.
  • Lleida: 59.
  • Camp de Tarragona: 55.
  • Girona: 54.
  • Catalunya Central: 43.

Esta distribución permite que la intervención tenga un impacto territorial amplio, reforzando la presencia pública en zonas con fuerte presión residencial y donde el alquiler se ha convertido en un lujo inalcanzable.

Además, el Govern ya ha adquirido recientemente 452 pisos a InmoCaixa y planea convocatorias para destinar suelo a vivienda asequible. El objetivo es claro: transformar el modelo de acceso a la vivienda.

🔚 Cataluña ya no es rentable para los fondos buitre… 

La decisión del Govern marca un antes y un después en la política de vivienda. Cataluña se está consolidando como territorio poco atractivo para la especulación inmobiliaria, y eso, aunque incómodo para los grandes tenedores, es un triunfo para la ciudadanía.

Ahora cabe preguntarse: si Cataluña deja de ser terreno abonado para los fondos, ¿hacia dónde se moverán? Todo apunta a que Madrid será el siguiente objetivo, como ya anticipan algunos movimientos en el mercado.

La Comunidad de Madrid ha optado por políticas contrarias a las catalanas: liberalización del suelo, falta de regulación en el alquiler y escasa intervención pública. Un caldo de cultivo perfecto para que los fondos buitre se reorganicen y vuelvan a hacer negocio con la vivienda. 🏦

📢 Conclusión: un cambio de paradigma necesario

La compra de estos 743 pisos no es solo una operación inmobiliaria. Es una declaración política, un ejemplo de cómo una administración valiente puede plantar cara al poder financiero en defensa del bien común.

El derecho a la vivienda digna está recogido en la Constitución, pero durante años ha sido ignorado en favor del libre mercado. Esta operación del Govern catalán demuestra que es posible otra manera de gestionar el territorio y el acceso a la vivienda.

La ciudadanía necesita más acciones como esta. Necesitamos menos fondos buitre y más viviendas públicas. Necesitamos un cambio de paradigma. Y, por una vez, parece que ese cambio empieza aquí. 💪🏽