El conflicto institucional entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas por el Registro único de pisos turísticos se agudiza. Andalucía, al igual que Canarias, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales este nuevo mecanismo estatal alegando una invasión de competencias autonómicas, falta de diálogo y un exceso de burocracia. El debate se enmarca en un contexto de fuerte tensión sobre la regulación del alquiler turístico, en plena crisis de acceso a la vivienda en España y con la mirada puesta en Europa, donde la Comisión Europea ya ha abierto un expediente de infracción contra España por este motivo.
En este artículo, desde Aquimicasa analizamos con detalle los motivos del recurso andaluz, los plazos de implantación del nuevo Registro estatal, las consecuencias para las comunidades más turísticas y las posiciones enfrentadas entre las administraciones implicadas. Todo ello, en medio de una batalla ideológica sobre quién debe gestionar el modelo turístico y el acceso a la vivienda en nuestro país.
¿Cuándo se pone en marcha el Registro Único y qué consecuencias tiene? 📅📊
El llamado Registro Único de Arrendamientos de uso turístico, regulado mediante el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, entró en vigor el pasado 2 de enero de 2025, aunque su aplicación efectiva será a partir del 1 de julio. Desde entonces, todos los arrendamientos turísticos deberán inscribirse obligatoriamente en este sistema nacional y pasar por la nueva Ventanilla Única Digital, diseñada para centralizar y gestionar la información sobre los alojamientos de corta duración.
Entre los objetivos declarados por el Gobierno central con esta normativa están:
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Controlar el mercado de alquiler turístico, evitando la oferta ilegal.
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Facilitar el acceso a los datos por parte de las administraciones públicas.
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Coordinar la acción de las CCAA mediante un único registro estatal.
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Desarrollar el reglamento europeo de abril de 2024, sobre transparencia e intercambio de información en este sector.
Sin embargo, las consecuencias prácticas de este modelo han generado un enorme malestar en las comunidades que ya cuentan con sus propios registros autonómicos de viviendas turísticas. Para ellas, la medida impone una estructura paralela, duplicando trámites y aumentando los costes administrativos sin aportar una mejora real en la gestión o la transparencia.
Argumentos de Andalucía para el recurso y su oposición 💥📣
Desde la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno, se considera que el Gobierno de España ha vulnerado el reparto competencial entre administraciones al imponer un sistema que debería haber sido consensuado. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha sido especialmente contundente en sus declaraciones:
“El Ejecutivo central ha creado un registro estatal sin contar con las comunidades autónomas, que son quienes ostentan la competencia exclusiva en materia de turismo”.
Según Bernal, Andalucía apoya plenamente los objetivos del reglamento europeo sobre alquileres turísticos, aprobado en abril de 2024. No se oponen a la regulación ni a la lucha contra la economía sumergida. Pero sí denuncian la imposición unilateral de un modelo estatal que ignora que las CCAA ya disponen de sus propios mecanismos de control y transparencia.
Entre los argumentos clave del recurso andaluz destacan:
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El decreto estatal invade competencias autonómicas en materia de turismo y vivienda.
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Duplica registros existentes, generando burocracia innecesaria.
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Impone nuevas obligaciones a arrendadores y plataformas sin respaldo legal suficiente.
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El Consejo de Estado ha emitido un dictamen crítico, cuestionando la legalidad del decreto.
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La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción por posible incumplimiento del reglamento comunitario.
Además, Andalucía pide ser destinataria directa de la información del Registro, evitando tener que firmar convenios adicionales con otras entidades, y exige que la ventanilla digital estatal actúe solo como transmisora de datos hacia las comunidades.
También reclama que se respete su capacidad de dictar resoluciones sobre anuncios ilegales y que se reconozca a las CCAA como las únicas competentes para actuar sobre los alojamientos que no cumplen la normativa autonómica.
La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España 📝
Uno de los argumentos más poderosos en contra del Registro estatal es la advertencia de la Comisión Europea, que ya ha abierto un expediente de infracción contra España por este motivo.
La razón principal: posible duplicidad de registros y exceso de burocracia, contraviniendo el nuevo Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración, que exige simplicidad, proporcionalidad y respeto a los sistemas existentes en los Estados miembros.
Bruselas considera que, de confirmarse los términos del decreto español, se estaría creando un sistema incompatible con el espíritu de la legislación comunitaria, que aboga por la cooperación entre niveles de gobierno y no por la imposición de nuevas estructuras si ya existen medios equivalentes a nivel autonómico.
Este expediente complica aún más la situación del Gobierno central, que insiste en que el Registro nacional es necesario para cumplir con sus compromisos europeos. Sin embargo, para las CCAA más críticas, como Andalucía y Canarias, el decreto no es una adaptación del reglamento europeo, sino una excusa para recentralizar competencias bajo el pretexto de la armonización normativa.
Las Comunidades Autónomas más turísticas temen consecuencias en su modelo turístico 🌍🏖️
La protesta de Andalucía no está sola. Canarias ya ha anunciado su propio recurso, y otras regiones con fuerte peso turístico, como Baleares o la Comunidad Valenciana, han mostrado también sus reticencias al nuevo sistema estatal.
Estas comunidades temen que la duplicidad de registros y trámites:
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Ralentice el control efectivo sobre los pisos turísticos.
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Genere confusión entre propietarios y plataformas.
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Aumente los costes de gestión, tanto para la administración como para los usuarios.
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Suponga una interferencia en sus modelos turísticos propios, basados en normativas ajustadas a sus necesidades territoriales.
Además, denuncian que el decreto no menciona ni regula aspectos clave como la fiscalidad, la tasa turística o las ordenanzas municipales sobre densidad o zonificación, dejando un marco normativo vacío e incompleto en aspectos esenciales para ordenar el sector.
La ministra de Vivienda asegura que la ciudadanía no quiere que discutamos de las competencias 🧑⚖️🏘️
Frente a las críticas autonómicas, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido con firmeza la actuación del Gobierno central. En una reciente entrevista, criticó que “algunas comunidades pongan palos en la rueda” cuando se trata de avanzar en soluciones para mejorar el acceso a la vivienda:
“La ciudadanía no quiere que discutamos de competencias, sino que les demos respuestas y soluciones”.
Rodríguez argumenta que el Registro estatal es una herramienta útil para las CCAA, que tienen la competencia para perseguir el fraude o aplicar sus propias políticas de regulación, como las tasas turísticas o los límites locales a la expansión de pisos turísticos.
La ministra sostiene que el decreto simplemente desarrolla la normativa europea y apoya a las comunidades en su lucha contra la especulación. Por eso, no entiende que en lugar de colaborar, algunos gobiernos autonómicos opten por judicializar el proceso.
¿Es esta una lucha ideológica por el control del modelo turístico? 🧠⚔️
Más allá de las diferencias técnicas o jurídicas, el conflicto entre el Gobierno central y algunas comunidades como Andalucía o Canarias también puede interpretarse como una batalla ideológica sobre el control del turismo y de la vivienda en España.
Por un lado, el Ejecutivo central busca centralizar datos y procedimientos para ofrecer una imagen de control y transparencia ante la presión ciudadana por el aumento de los alquileres y la gentrificación de las ciudades.
Por otro lado, las CCAA más turísticas defienden su autonomía normativa y de gestión, alertando sobre una deriva recentralizadora que ignora las especificidades territoriales y vulnera el principio de subsidiariedad.
En el fondo, el debate no solo trata sobre registros o ventanillas digitales. Trata sobre cómo debe ordenarse un mercado turístico cada vez más tensionado, en el que el auge de los alquileres de corta duración expulsa a la población residente, altera los barrios y profundiza la crisis de acceso a la vivienda.
Y mientras las administraciones se enfrentan, la ciudadanía sigue esperando soluciones concretas que frenen la especulación y garanticen el derecho a una vivienda digna.
Más allá de registros, urge una política coordinada de vivienda 🏚️🔄
El conflicto en torno al Registro único de pisos turísticos es un síntoma de un problema más amplio: la falta de coordinación entre administraciones para abordar una crisis habitacional que afecta a millones de personas en España.
En lugar de judicializar las competencias, urge un acuerdo estatal y autonómico que aborde de forma integral el fenómeno del alquiler turístico:
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Regulando de forma proporcionada y coherente con el reglamento europeo.
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Respetando los sistemas ya existentes en las comunidades.
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Asegurando la transparencia sin duplicar trámites.
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Priorizando el acceso a la vivienda habitual sobre la rentabilidad turística.
Desde Aquimicasa seguiremos informando sobre esta y otras cuestiones clave para el futuro del mercado de la vivienda en España, con el compromiso de dar voz a las realidades locales, a las preocupaciones ciudadanas y a las decisiones políticas que marcarán el rumbo del sector inmobiliario.
🔍 ¿Y tú qué opinas? ¿Debería haber un registro único estatal o respetarse los modelos autonómicos? ¿Crees que esta medida ayudará a frenar la burbuja de los alquileres turísticos o solo añadirá más burocracia?
Te leemos 👇✍️
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