La pretensión del Gobierno de que las autopistas quebradas vuelvan otra vez a manos privadas tras socializar nuevamente sus pérdidas no parece una decisión muy socialista. Es lo que opina Facua que reclama al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ponga en marcha un plan para garantizar una eficiente gestión pública y no vuelva al bucle infinito de unas licitaciones que una y otra vez acaban siendo ruinosas para el Estado.

Resulta inaceptable, dice la asociación que, al igual que otras concesiones -como ocurrió con la del almacen de gas Cástor-, los contratos de licitación de las radiales cuenten con el paraguas de la cláusula de responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), que minimiza los riesgos para las empresas que ganan los concursos, a costa de una sangría de pérdidas de dinero público si acaban quebrando. Los recientes cambios en la ley de contratos del sector público rebajaron, pero no eliminaron, la factura que tendrían que pagar los ciudadanos en caso de que volviera a repetirse el episodio de licitación, quiebra y rescate.

Además, FACUA recuerda que de volver a licitarse las autopistas quebradas, serán las mismas compañías, grandes constructoras como ACS, FCC o Abertis, las que volverán a acudir y conseguir la licitación interponiendo luego empresas de gestión que podrán quebrar sin perjudicar a las empresas madre.

Ábalos ha anunciado, que auditará los costes y los plazos de la relicitación de las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado el Estado y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año.

El ministro de Fomento ha señalado que tiene que evaluar la decisión sobre el futuro de estas vías junto a los ministerios de Hacienda y de Economía, ya que tanto el coste de la compensación que debe pagar el Estado a las antiguas concesionarias como los ingresos de una posible reprivatización afectan al déficit del Estado. Sobre este punto, Ábalos ha asegurado que no hay una unanimidad en las cifras que debe asumir el erario público respecto a las facilitadas por el Ejecutivo del PP.

Eliminación de peajes

La asociación valora positivamente que el ministro de Fomento se haya comprometido a eliminar los peajes de las autopistas cuya concesión de 50 años termina entre 2018 y 2021. La decisión afecta directamente a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, que vence el 30 de noviembre de este año, y a la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, cuyas concesiones concluyen el 31 de diciembre de 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total.