En el año 2013, con los restos de la burbuja inmobiliaria oliendo a carroña, llegaron a España los fondos buitre. De la mano de políticos y banqueros, con los ojos fijos en las grandes operaciones que administraciones y bancos tendrían que hacer, bien aderezadas por ingentes cantidades de dinero público, se hicieron con un ladrillo agrupado y barato. No hubieran podido realizar los buenos negocios que hicieron y siguen haciendo, si la legislación española no hubiera estado hecha a la medida de sus necesidades. Legislación, que la banca española ha ido diseñando a lo largo de muchos años de cercanía con el poder.

Llegaron y se especializaron en campos distintos, suelo, edificios singulares, centros comerciales, oficinas, activos industriales y residenciales. Ahora, tres años después, están comenzando a marcharse con las plusvalías conseguidas a nuestra costa.

Pero no sólo tenían la legislación española a favor de sus operaciones, sino que el partido gobernante, el Partido Popular, enemigo de todo lo público, estaba desmantelando y vendiendo a pedazos la Sanidad, la Educación, el Mercado laboral… ¿por qué no también la vivienda social o los edificios públicos? Buscaron socios en el PP, los hallaron entre sus élites, y se pusieron a trabajar.

Entre los fondos que llegaron merece especial atención Blackstone, por la manera sangrante, para la población más desfavorecida por la crisis, con la que ha obtenido sus beneficios, y porque es el malo necesario para la operación de Botella en el Ayuntamiento de Madrid.

De todos los fondos de capital riesgo, Blackstone es el mayor del mundo. Sólo en el mercado inmobiliario gestiona 64.000 millones en activos. Desde su llegada a España ha realizado una serie de operaciones de legalidad dudosa y de ninguna ética. De entre ellas sobresale la compra de activos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) a la que pagó 128,5 millones por 1.860 viviendas construidas con dinero público y en régimen de alquiler. A una media de 69.000 euros por vivienda, incluyendo gran cantidad de garajes y trasteros.

Ahora, el Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, observa indicios de fraude en esta venta que realizó Ana Botella cuando era alcaldesa de Madrid. Como colofón de la operación de venta, acaba de descubrirse que el equipo de Botella regaló a Blackstone, gestionado en España por Fidere, once trasteros y garajes valorados en 300.000 euros.

La operación se realizó el 20 de junio de 2013, después que la EMV hubiera estudiado otras cuatro ofertas recibidas. Resulta sorprendente que la valoración y la decisión, sobre una cuestión de tanto importe y que afectaba la vida de tantos miles de personas, se realizara en menos de seis días; indicativo de lo que les importan estas personas al Partido Popular.

Una vez seleccionado Blackstone, se negoció con el fondo, que obtuvo una nueva rebaja de dos millones de euros, algo inexplicable cuando ya había ofertado un precio en el concurso, la propiedad de las 1.860 viviendas sociales, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, por el importe antes mencionado de 128,5 millones de euros. Ahora hemos conocido, que además del descuento de los dos millones, Blackstone obtuvo una propinilla en la compra.

En cuanto se ha empezado a desentrañar la madeja de la venta, las irregularidades han comenzado a aparecer por doquier. Por lo visto las destructoras de papel no llegaron hasta esa documentación.

Por un lado, la fiscalía del Tribunal de Cuentas estima que la enajenación de las 18 promociones se realizó sin un informe técnico de valoración, para fijar el valor de mercado que tendrían los inmuebles. Por ello piensa que hubo un posible quebranto económico, que llegaría a los 2,3 millones de euros –los dos millones de la rebaja y los 300.000 euros de la propinilla- que respondería a la diferencia con la primera oferta de la empresa adjudicataria.

Tras la llegada de Manuela Carmena al Palacio de Correos, Ahora Madrid y el PSOE de Madrid, alarmados por la situación económica del consistorio madrileño, y por el incesante trabajo de las destructoras de papel antes de que llegaran al consistorio, abogaron por la creación de una Comisión de investigación de la Deuda de la capital, que fue aprobada a finales de marzo de 2015, con el voto a favor de Ciudadanos. Se formó con cuatro representantes de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos. El PP, al que correspondían cuatro representantes en la comisión, no formuló propuesta de nombramiento, ya que decidió no participar en este órgano municipal que pretendía hacer luz sobre lo ocurrido en materia económica.

A pesar de los esfuerzos del PP por tapar una situación, que afecta a la mujer de su querido expresidente Aznar, la Comisión finalizó sus trabajos en septiembre, con un dictamen demoledor sobre lo sucedido: ni el anterior equipo directivo de la EMVS respetó las normas internas de contratación, ni adjudicó el lote a la mejor oferta económica, ni justificó en ningún momento por qué pagó 2,4 millones de euros, en concepto de comisión inmobiliaria, a una UTE de reciente creación y capitaneada por un antiguo directivo de Aguirre Newman, gigante del sector ligado al hermano de Esperanza Aguirre. Y que no sólo la venta de estos inmuebles fue ilegal, y en el proceso actuaron con desprecio absoluto a los arrendatarios, compuestos en su mayoría por jubilados, pensionistas, y parados, sino que además supuso un desfalco patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid valorado en 31 millones de euros, que podría ampliarse a los 161 millones.

En su momento, tanto el PSOE como la asociación de afectados por la venta, interpusieron una querella por la operación Blackstone. Pero el juez de instrucción número 38 de Madrid, archivó provisionalmente el caso en enero de 2015. Nueve meses más tarde, la Audiencia Provincial ratificó el cierre en septiembre de ese año.

Para pensar bien, hay que decir que los jueces no conocían aún las irregularidades desveladas por la Cámara de Cuentas en su informe sobre la venta de esas viviendas. Informe que ha sido aprobado de forma unánime, incluyendo los consejeros propuestos por el PP, que tienen mayoría absoluta.

Ahora, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), dirigida por el nuevo equipo municipal, acaba de anunciar su adhesión a la solicitud de los afectados para que el juez reabra la investigación penal sobre la venta de estos 1.860 pisos sociales, pertenecientes a 18 promociones distintas, al fondo buitre Blackstone durante la etapa de Ana Botella. La EMVS también se personará en las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas, tras el escrito de su fiscal jefe, que cifra en 2,3 millones el quebranto que le causó esa operación.

Las consecuencias que puede tener la dilucidación de esta venta, incluso las penales, son difíciles de precisar. En todo caso no es un caso único en la reciente historia inmobiliaria de nuestro país y pone de manifiesto varias cuestiones que deberían resolverse. Entre ellas, que el hipotecado tenga derecho de tanteo y retracto sobre su hipoteca, cuando ésta sale al mercado. Y que cualquier operación en la que el dinero o propiedad pública estén implicados dispongan de luz y taquígrafos a discreción. De lo contrario el dinero público seguirá sirviendo para enriquecer a los cercanos al poder político del momento.

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Eduardo Lizarraga
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