La Audiencia Provincial de A Coruña  confirmó la sentencia de primera instancia, considerando “nulas por abusivas» las condiciones generales de contratación” en base a las que Vodafone cobró indebidamente a más de medio millón de usuarios afectados (519.360 en total), 6 euros hasta septiembre de 2013 y 8 euros a partir de esa fecha por liberar el teléfono móvil y contratar con otras compañías operadoras fuera del periodo de permanencia. Un auténtico abuso destinado a coartar los derechos de los consumidores y su libertad para cambiar de compañía, que proporcionó a la empresa más de 4 millones de euros.

Pero para evitar realizar los pagos y desincentivar la reclamación de los afectados por el fraude de los cobros en la liberación de móviles, la operadora está lanzando el erróneo mensaje de que cada afectado debería interponer un procedimiento judicial. Vodafone parece apuntar a un intento de no acatar voluntariamente la sentencia condenatoria por la que se le obliga a devolver su dinero al más de medio millón de usuarios a los que aplicó un coste indebido por la liberación de los móviles.

En un claro intento de confundir a los consumidores, la entidad ha manifestado que para reclamar el dinero cobrado los afectados deben dirigirse al juzgado, obviando premeditadamente que ADICAE, como asociación de consumidores demandante, podrá instar la ejecución de la sentencia y a ella podrán sumarse los usuarios para obtener el resarcimiento sin necesidad de interponer cada uno de ellos acciones judiciales individuales.

Por eso la asociación ya esta movilizada para dar cobertura a todos los consumidores que quieran recuperar el dinero. En su página web ha habilitado una plataforma a través de la cual facilitar que todo usuario víctima del abuso ahora sentenciado pueda beneficiarse de la resolución judicial.

La reacción de Vodafone es un claro ejemplo de ralentizar y dificultar una solución a los afectados al judicializar la reclamación de los mismos, consciente de que muchos de ellos no quieren llegar hasta los juzgados por una cuantía que ronda los diez euros. La estrategia de la empresa pasa por desincentivar la lucha de los consumidores e intentar ahorrarse los más de cuatro millones de euros que debe devolver por los cobros indebidos.

ADICAE, en línea con la batería de propuestas presentada por Bruselas la semana pasada, cree que las sentencias favorables a los consumidores por cláusulas abusivas exigen abrir el paso a una solución global y definitiva y una verdadera acción colectiva para los conflictos masivos de consumo.

Datos de afectados por CC.AA.

Euskadi: 38.848 (7,48%)

Navarra: 6.543 (1,26%)

Madrid: 83.158 (16,09%)

Extremadura: 7.790 (1,5%)

Ccataluña: 84.291 (16,23%)

 Galicia: 36.303 (6,99%)

Castilla y León: 23.734 (4,57%)

Asturias: 14.230 ( 2,74%)

Baleares: 13.347 (2,57%)

 Andalucía: 88.654 (17,07%)

La Rioja: 2.389 (0,46%)

 Cantabria: 6.128 (1,18%)

Comunidad Valenciana: 52.507 (10,11%)

Castilla La Mancha: 18.852 (3,63%)

Murcia: 12.464 (2,4%)

 Melilla: 780 (0,15%)

Ceuta: 519 (0,1%)

Aragón: 11.997 (2,31%)

Canarias: 16.048 (3,09%)