Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del PP se han comprometido, en la llamada Declaración de Asturias, a llevar a cabo las siguientes políticas en vivienda:
- Más suelo
– Movilizar suelo público, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda pública, social y asequible, en alquiler o en propiedad.
– Movilizar parcelas de titularidad pública de carácter dotacional que los planeamientos hubieran destinado a dotaciones y equipamientos y que no hayan cumplido dicha función, lleven tiempo vacantes y puedan servir también para incrementar la oferta de vivienda asequible.
– Poner en el mercado parcelas de titularidad pública, obtenidas de las cesiones obligatorias de aprovechamiento lucrativo, para fomentar la construcción de viviendas en propiedad a precios asequibles.
– Inventariar e incentivar la construcción en suelos reservados para vivienda protegida de titularidad privada, ofreciendo facilidades a promotores.
– Impulsar el desarrollo de nuevos suelos urbanos y ampliación de las ciudades.
- Más vivienda protegida en propiedad
– Fomentar la vivienda de protección (o de precio tasado) en propiedad.
– Flexibilizar el marco regulatorio para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), públicas y privadas, destinadas al amplio espectro de la sociedad que no es beneficiario de una vivienda social, pero encuentra dificultades para acceder a una vivienda libre.
– Ofrecer incentivos a promotores y constructores para el desarrollo de actuaciones de vivienda protegida, recuperando el modelo de las décadas de 1980 y 1990.
- Vivienda asequible en alquiler
– Promover desde la Administración la construcción de vivienda en alquiler asequible a un precio hasta un 30 % por debajo del mercado, mediante cesión de derechos de superficie o concesión administrativa sobre suelos públicos.
– Implantar un programa de movilización de viviendas vacías con medidas de incentivo orientadas a incrementar la oferta de viviendas en alquiler asequible.
- Facilitar el acceso a la hipoteca
– Facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años para la compra de la primera vivienda, mediante avales u otras fórmulas que faciliten el acceso al crédito hasta alcanzar el 100 % de la totalidad del precio de la vivienda.
- Rebajar la fiscalidad de la vivienda
– Establecer deducciones por compra y arrendamiento de primera vivienda habitual y para particulares que alquilen sus casas para vivienda habitual del inquilino o que movilicen sus pisos vacíos desde hace dos años para rrendamiento.
– Deducciones en la rehabilitación de viviendas para determinados fines (rehabilitaciones de eficiencia energética, de mejora de la accesibilidad, de viviendas en cascos históricos, etc.)
– Tipo reducido al 4 % en la adquisición de vivienda habitual para jóvenes, con los límites máximos que determinen las comunidades autónomas.
– Tipo reducido en la transmisión de viviendas con protección pública (impuestos de Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones)
– Revisión en profundidad de los impuestos que gravan el desarrollo de suelo y la construcción de vivienda nueva asequible, para relanzar la actividad promotora y reducir el coste de producción de la vivienda.
- Agilizar las tramitaciones urbanísticas
– Centralizar la gestión de los informes sectoriales preceptivos para reducir los tiempos de la emisión de los informes a la tercera parte
– Flexibilizar las legislaciones autonómicas de suelo y las normativas sectoriales y solicitar a la Administración General del Estado la revisión de las suyas para agilizar la tramitación de instrumentos urbanísticos o de ordenación del territorio y vivienda, así como la emisión de sus informes sectoriales en plazo.
- Fomentar y facilitar la rehabilitación y reparación de viviendas para que se pongan a disposición del mercado de alquiler.
- Reforma de la Ley del Suelo
– Promover una reforma de la Ley del Suelo que se anule el planeamiento urbanístico completo por defectos de forma, que facilite la gestión de suelo y aporte agilidad administrativa en la emisión de informes sectoriales de las distintas administraciones públicas.
- Derogación de la ley vivienda
– Derogar los aspectos más lesivos de la ley de vivienda: la intervención de precios del mercado del alquiler, las zonas de mercado tensionado y el índice de precios de los alquileres.
- Aprobar una Ley contra la ocupación ilegal y ofrecer un servicio de atención a las víctimas de la ocupación.
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