El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Estado a indemnizar a un abogado zaragozano al que el Ayuntamiento de Jaca, en Huesca, cobró más de 2.500 euros del impuesto de plusvalía por la venta de una vivienda en la que, debido a la bajada de precio real del domicilio, perdió dinero.

Según ha dado a conocer Público, en la sentencia, el Alto Tribunal expone que «no parece necesario abundar en razones explicativas de la antijuridicidad del daño, dado que este se produjo exclusivamente en virtud de los dispuesto en un precepto declarado inconstitucional» y que el afectado no tenía «el deber jurídico de soportar» los perjuicios. Así, tras cinco años de pleitos, el TS ha condenado al Estado a pagarle una indemnización por los 2.500 euros más los intereses legales, entre un 3 y un 4% anuales, además de 4.000 euros de las costas judiciales.

El afectado optó por una vía reciente, abierta desde hace apenas cuatro años, para reclamar la indemnización: la que estableció en octubre de 2015 la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que permite hacerlo por la aplicación de «leyes contrarias a derecho«, ya sea por inconstitucionales o por contradecir las normas de la Unión Europea. Mediante la utilización de esta vía, el usuario reclamó al Estado la indemnización por su «responsabilidad patrimonial» en la aplicación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu).

Inicialmente, el abogado reclamó al Ayuntamiento de Jaca que le eximiera del pago del impuesto, sin éxito. Después, acudió al Juzgado Contencioso de Huesca, que rechazó su demanda pese a las pruebas de que había vendido la vivienda por menos dinero del que le había costado en el momento de la compra, ocho años antes.

Finalmente, el Consejo de Ministros -que tuvo que pronunciarse tras acudir el afectado a la vía anterior- respaldó las resoluciones del Ayuntamiento y del Juzgado, al considerar «razonable» que la ganancia o pérdida con la venta se hiciera utilizando los valores catastrales. «Resulta que el valor del suelo pasó de 75.250 euros en 2006 a 124.500 euros en 2014«, alegó.

Ahora, sin embargo, el Supremo ha revocado dicha resolución tras alegar que «no se justifica la correspondencia de dichos valores catastrales con el valor del mercado del suelo en las fechas de compra y venta. Parece sorprendente que pueda sostenerse que entre 2008 y 2014, con la crisis inmobiliaria padecida entre dichas anualidades, y sin que se aporte ninguna circunstancia justificativa de ello, el valor del suelo haya subido la cantidad que se alega«.

El TS, además, ha recordado que es necesaria la «intervención legislativa» para que dejen de gravarse ventas en las que el terreno no aumenta de valor y para cubrir el vacío legal que deja «la declaración de inconstitucionalidad» de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en relación a este impuesto.

En este sentido, el Alto Tribunal ha hecho un repaso a las extrañas situaciones que genera dicha laguna legal, como tribunales que rechazan la validez de las escrituras mientras otros anulan el impuesto tras el fallo del TC hasta la exigencia por parte de los ayuntamientos de informes periciales para «acreditar el valor del terreno«.

Así, ha recordado que el Constitucional estableció que probar la inexistencia de incremento en el valor del terreno vendido corresponde al contribuyente, y que para hacerlo «podrá ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos incidiariamene permita apreciarla«. Desmontar su validez, corresponde al ayuntamiento.

Finalmente, ha apuntado que de «la atribución al poder legislativo de la competencia exclusiva para reformar el Iivtnu no puede inferirse que, hasta que el legislador no lleve a cabo semejante tarea, no puede probarse por el contribuyente la inexistencia de plusvalía real susceptible de ser sometida a imposición«, ya que afectaría tanto al «principio de seguridad júridica» como al de «reserva de ley en materia tributaria«.