El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) realizada en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora por 201 millones de euros. La decisión del Tribunal Supremo llega tras decretar la inadmisión de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y Azora Gestión SL a la sentencia emitida en septiembre por la Sección Octava de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la nulidad de esta operación. Ahora llega la vuelta de las viviendas a la titularidad pública y el resarcimiento de los daños causados en forma de centenares de desahucios.

El Tribunal Supremo asegura que «si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política» de enajenar determinado lote de promociones, sin embargo «no se ha justificado debidamente» no sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del IVIMA.  Y también niega a la Comunidad que la sentencia anulatoria se circunscriba al caso de un único afectado.

La empresa -Fondo Buitre- adjudicataria de la ahora ilegal venta de viviendas sociales. Azora, planteó, al alimón con la CAM, como no podía ser menos, que la postura del TSJM contradice la doctrina jurisdiccional sobre el control negativo de la discrecionalidad técnica de la administración, algo que tampoco atiende el Supremo al entender que no concurre ese supuesto.

El Tribunal Supremo madrileño ya estimó  que la venta fue «irregular» y quebró «la protección social» de las personas que vivían en ellas en respuesta, como la sentencia emitida en septiembre a la demanda de varios inquilinos del Ensanche de Vallecas de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (Pavps).

El do mes de junio, la sección octava de la Sala Contencioso Administrativo del TSJM ya rechazó los recursos de Comunidad y el fondo buitre contra el fallo emitido en su día por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que anuló la citada operación de venta, considerando que dicha adjudicación «no se ajusta a derecho» y no estaba justificada por ningún «informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal«.

El fallo señaló que la enajenación de las viviendas repartidas en 32 promociones se justificó señalando que «no eran necesarias«. Sin embargo, alegaban que esta afirmación ni está explicada ni justificada, ya que cumplen «una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna«,

El TSJM confirmaba así el sentido de la sentencia inicial favorable a anula la enajenación de estas viviendas al fondo de inversión y argumenta que el cambio de titularidad de esas viviendas «no es irrelevante» para el arrendado, pues no es lo mismo que sea un privado que una administración pública.

Así, exponía que la administración pública está sometida al mandato de los artículos de la Constitución que aluden al derecho a la vivienda digna en términos de igualdad de oportunidades y, por tanto, desde los poderes públicos se debe promover «las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho» en lugar de una entidad privada, que como titular tiene como «finalidad la obtención de beneficios en una sociedad de mercado«.

También apunta que el propio legislador autonómico «ha prohibido la realización en lo sucesivo de operaciones de enajenación como la que concierne al objeto de este recurso«.

Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).