La banca española ha tenido que devolver ya unos 3.000 millones de euros a los más de 500.000 clientes a los que engañó con las cláusulas suelo. La situación fue especialmente gravosa para familias que se endeudaron más de la cuenta para adquirir vivienda en el entorno de una fuerte crisis económica como fue la del 2008.  

La Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación de las Reclamaciones, coordinada por el Banco de España, asegura que hasta el 31 de marzo las entidades financieras han reconocido que aplicaron estas cláusulas a 535.506 hipotecas, en tanto que los tribunales han certificado ya por la vía judicial cerca de 110.000 engaños más, con sentencias favorables a los afectados por parte de los juzgados especializados en abusos hipotecarios, que supondrán otros 780 millones de euros.

La indemnización media pactada, según los datos del Ministerio de Economía, ha resultado de 4.526 euros para cada crédito, es decir, 2.667 menos de lo que reciben de media -7.193 euros- los afectados que van a juicio y que son ya 108.773.

Los algo más de 3.000 millones de euros que suman las indemnizaciones por esas dos vías equivalen a las dos terceras partes de los 4.500 que las entidades financieras habían provisionado para hacer frente a los pleitos derivados de las cláusulas suelo. Pero la enorme cantidad de  -287.000- asuntos pendientes, con un ratio del 96,7% de los casos favorables a los usuarios, podría llevar a que la cifra provisionada resultara insuficiente ya que los bancos podrían tener que desembolsar otros 2.000 millones.

El descalabro podría haber sido mayor si el Gobierno de Rajoy, siempre al quite para beneficiar a sus amigos los banqueros, no hubiera diseñado el curioso mecanismo extrajudicial que, con la excusa de no saturar los juzgado dio una gran ventaja a la banca. Ventaja que puede haberles ahorrado casi 1.400 millones de euros.

Los usuarios que recurren al mecanismo extrajudicial, en el que el el grueso de la capacidad de decisión recae en la entidad financiera, ven rechazadas sus demandas en un 54% de los casos. En el otro lado, los tribunales dan la razón a los hipotecados en la práctica totalidad de los asuntos que van resolviendo.

Y el tener que recurrir a la Justicia en España, parece tener un claro efecto disuasorio en los afectados, ya que el número de demandas presentadas en los juzgados (399.662) resulta claramente inferior al de las reclamaciones desestimadas por los propios bancos (661.226). Esto significa que decenas de miles de hipotecados desistieron de reclamar en el juzgado lo que no habían conseguido negociando directamente con el banco.

La maniobra de Rajoy para ayudar a la banca, que pretendía reducir el impacto de la sentencia europea en sus resultados,  fue diseñada poco después de que, en diciembre de 2016, el TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) corrigiera al Supremo y obligara a las entidades financieras a devolver a sus clientes todo el dinero que les habían cobrado de más,  eliminando la limitación a los intereses devengados a partir del 13 de mayo de 2013 que había establecido el órgano judicial español, para su mayor vergüenza.