Por si fueran pocas las sentencias condenatorias que está teniendo la banca en España en lo últimos tiempos, hasta convertirse en noticia cuando ganan un caso, ahora el Tribunal Constitucional ha abierto la puerta a que las comunidades autónomas puedan imponer sanciones y llegar a expropiar una vivienda que sea propiedad de la banca, si ese inmueble ha permanecido sin habitar durante un plazo determinado de tiempo, que puede varias de una comunidad a otra. En el caso de Navarra, origen de la sentencia condenatoria, el plazo se encuentra establecido en dos años.

Con esta sentencia, los magistrados de la Corte de apelación han respaldado parte de la Ley Foral de 2013, por la que se aprobaban medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda frente al recurso presentado por el Gobierno central, en el que consideraba que, con esta y otras medidas de la norma, se invadían competencias estatales. De esta forma son dos los que se apuntan la sentencia condenatoria, la banca y el Gobierno de Mariano Rajoy, que siempre va en auxilio de sus amigos del dinero.

La ley foral establece la posibilidad de que el Ejecutivo de la comunidad pueda expropiar las casas que formen parte de la cartera inmobiliaria de los bancos y que no hayan tenido uso real durante un plazo de dos años. Para ello, establece, además, una multa que va de los 30.000 a 300.000 euros por tratarse de una infracción muy grave. En su recurso, el Gobierno de Rajoy alegaba no solo que la ley discriminaba a personas jurídicas -las entidades- frente a los propietarios particulares, lo cual podría ser inconstitucional, sino que además con esas ejecuciones se interfería en la efectividad de las medidas de ámbito estatal, aunque estas sean inexistentes.

Sin embargo, el Pleno del Constitucional ha vuelto a fallar contra los bancos, rechazando, por unanimidad, esa parte del recurso al considerar que, en su demanda, el Gobierno no ha aportado datos objetivos, sino solo unas simples previsiones sobre el efecto negativo que esta medida podría causar, en caso de aplicarse,  sobre el futuro de las entidades financieras. El Gobierno ha puesto especial énfasis en como afectaría esta ley al proceso de desinversión de inmuebles que está realizando la Sareb -el banco malo-, aunque tampoco ha sido valorada esa hipotética afección.