Tal y como aseguró el alcalde Jaume Collboni, el ayuntamiento de Barcelona ha endurecido la presión contra los pisos turísticos ilegales que, a pesar de no tener licencia, siguen operando en la ciudad. Así, ha detectado 75 pisos turísticos ilegales que estaban operando sin permiso durante la primera quincena de julio, en el desarrollo de dos campañas de inspección a 134 alojamientos de uso turístico (HUT) en los que se sospechaba alguna actividad ilegal. Como resultado inmediato ocho de estos pisos se han precintado.
Barcelona ha activado sanciones de 60.000 a 600.000 euros
Lo ha señalado la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, indicando que son campañas adicionales a las tareas ordinarias de control e inspección del Ayuntamiento. Como parte de esta operación extraordinaria para acabar con la proliferación de viviendas de alquiler vacacional de carácter ilegal, desde el ayuntamiernto de Barcelona se han activado procedimientos disciplinarios con sanciones de 60.000 a 600.000 euros, en función del grado de infracción.
Del resto de los 59 pisos inspeccionados, en 43 no se detectó presencia de turistas durante la visita de los agentes y en 16 no se consiguió entrar. La teniente de alcalde Laia Bonet ha asegurado que estos casos se seguirán de cerca y se realizarán más inspecciones en el futuro.
Una de las formas en que el Consistorio está controlando la actividad de los pisos turísticos ilegales es mediante su inserción publicitaria en plataformas online para ofertarlos. En el curso de la actividad habitual del ayuntamiento se constatan entre 300 y 400 anuncios mensuales de pisos turísticos sin licencia en estas plataformas.
Detrás de estos pisos turíticos ilegales se encuentran mafias internacionales
La teniente de alcalde Bonet ha manifestado que “la mayoría” de estos pisos intervenidos no son propiedad de particulares, sino que pertenecen a “mafias” que ejercen una “actividad turística ilegal intensiva y masiva». Bonet añade que se trata de grupos que operan con el alquiler turístico ilegal en diversos países simultáneamente y que, además de trabajar sin licencia, también cometen otras infracciones como evasión, fraude fiscal y uso de documentación falsa.
Según datos municipales, hace un año se habían detectado 38 redes organizadas, de las cuales 22 ya no están activas. De hecho, a finales de 2023, el consistorio impuso la mayor sanción hasta la fecha a este tipo de alojamientos al multar con 600.000 euros (el máximo permitido) a una trama que operaba con 37 pisos y que gestionaba fincas enteras. Los controles municipales se han centrado en las zonas con más presión turística, como los distritos de Ciutat Vella o l’Eixample, aunque también se han detectado algunos pisos pertenecientes a mafias en Horta y Sant Gervasi.
Una de las medidas puestas en marcha por el consistorio barcelonés – con no muchos resultados – es solicitar a las plataformas de oferta de pisos turísticos online que desactiven los anuncios de alojamientos ilegales activos.
La lucha contra los alquileres turísticos ilegales se enmarca en la intención municipal de devolver estos inmuebles al mercado del alquiler y ampliar el parque público de vivienda. El consistorio, apoyado en la ley de Vivienda del Govern, pretende eliminar progresivamente las licencias de los 10.100 pisos turísticos que hay en Barcelona y que en 2028 sea una ciudad libre de este tipo de alojamientos.
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