A pesar de ser un requisito legal desde hace más de una década, el certificado energético sigue siendo el gran olvidado en miles de anuncios inmobiliarios. En España, muchas inmobiliarias y los grandes portales del sector han hecho de este incumplimiento una rutina encubierta bajo la dejación administrativa y la complicidad de propietarios desinformados o negligentes. El resultado: fraude legal, desprotección del consumidor y un preocupante desprecio por la eficiencia energética.

La denuncia presentada recientemente por la Federación de Consumidores y Usuarios CECU contra Idealista, Fotocasa y la inmobiliaria Alquiler Seguro no es anecdótica, sino el reflejo de una práctica generalizada que perjudica directamente a quienes buscan una vivienda para alquilar o comprar. Porque sin información energética no hay decisión informada, y ese derecho sigue sin garantizarse.

Salvo algunas campañas esporádicas en País Vasco y Navarra, la dejación de la administración es manifiesta 😤

La obligación de disponer del certificado energético no es optativa. El Real Decreto 390/2021 lo deja muy claro: toda vivienda puesta a la venta o en alquiler debe incluir esta información en su anuncio. No solo eso, sino que los portales y agencias inmobiliarias son legalmente responsables de asegurar que así sea.

Y sin embargo, como demuestra el informe de CECU, el 74,2% de los anuncios no cumple la normativa. En ciudades como Madrid (89,3%) o Palma (88%), la situación es escandalosa. Sólo algunas comunidades autónomas, como País Vasco y Navarra, han realizado campañas puntuales de control. Pero a nivel estatal la inacción institucional permite que esta burla al consumidor continúe sin consecuencias.

¿Dónde está el control de consumo? ¿Dónde están las sanciones? La normativa existe, pero su aplicación brilla por su ausencia, y las empresas del sector lo saben.

Muchos anuncios de venta o alquiler carecen de él 🧐

De los 450 anuncios analizados en el estudio de CECU, un 33,8% no incluye directamente el certificado energético, y otro buen porcentaje falsea la información o la oculta tras la excusa del “en tramitación”. En Palma, el 52% de los anuncios están en esta situación; en Las Palmas, un 49,3%.

En lugar de ofrecer información real y útil, muchas agencias prefieren cubrir expediente o directamente mentir al consumidor, confiando en que nadie les pedirá explicaciones.

Y lo que es aún más grave: Fotocasa asigna automáticamente valores arbitrarios de consumo y emisiones si el anunciante no los proporciona. Esto no solo vulnera la Ley de Competencia Desleal, sino que engaña de forma deliberada al usuario con datos inventados. ❌📉

Se aporta en notaría antes de la firma… pero eso ya no sirve 😓

Uno de los mayores fraudes que se ha consolidado en el mercado inmobiliario español es el siguiente: “Sí, el certificado energético está, se entrega en notaría”.

Eso no sirve de nada. A esas alturas, el comprador o arrendatario ya ha tomado una decisión, ha asumido un coste y ha renunciado a otras opciones. El daño está hecho, y si ese inmueble resulta tener una calificación G en eficiencia (la más baja), será tarde para echarse atrás sin perder dinero.

El espíritu de la ley exige que la información energética se facilite desde el principio del proceso. Es un derecho, no un formalismo para el notario. Pero muchos lo han convertido en eso, una simple firma que no cumple con su función de proteger al consumidor.

El propietario no quiere saber nada y las agencias se arriesgan a perder el cliente 😒

Otro de los factores clave en este fraude sostenido es la posición del propietario, que muchas veces se niega a pagar el certificado energético y exige que se publique el anuncio sin él. ¿Y qué hacen las agencias inmobiliarias? Lo aceptan.

Con tal de no perder al cliente, algunas agencias y portales se prestan a ocultar o manipular información que debería ser pública y obligatoria. En vez de informar al propietario de sus deberes legales, ceden ante su presión.

En consecuencia, el consumidor vuelve a ser el gran perjudicado. Quien compra o alquila desconoce si vivirá en un piso con un consumo energético eficiente o si se enfrentará a facturas disparadas y a una vivienda mal aislada.

Así el comprador carece de la imprescindible información del consumo energético 💸🌡️

Tal y como explica Eloy Gutiérrez, experto en vivienda de CECU, “la etiqueta energética es la principal herramienta de la que disponen las personas consumidoras para conocer el consumo energético de una vivienda y estimar el gasto económico y el confort térmico que pueden alcanzar en ella”.

Y sin embargo, se está privando sistemáticamente a la ciudadanía de esta información esencial.

En plena crisis energética, con los precios de la luz desbocados y con un parque de viviendas ineficiente y anticuado, lo mínimo exigible es poder comparar inmuebles en base a criterios de eficiencia y sostenibilidad. Pero esa comparación es hoy imposible en la mayoría de los portales inmobiliarios. Porque los datos no están. O están manipulados. O directamente son falsos.

Una práctica oscurantista que exige respuesta legal 💥📢

No estamos ante un fallo técnico ni ante un descuido. Estamos ante una práctica sistemática de ocultación y manipulación, con la complicidad de los grandes actores del mercado inmobiliario, que se aprovechan de la necesidad de vivienda de miles de personas.

Portales como Idealista y Fotocasa, y agencias como Alquiler Seguro, actúan en muchos casos como empresas usureras modernas, donde el derecho a la vivienda se convierte en un producto opaco y desinformado, con el consentimiento de una administración que mira para otro lado.

  • Campañas de inspección reales por parte de las comunidades autónomas.

  • Concienciación al consumidor, para que no acepte anuncios sin certificado.

Porque una vivienda no es un producto cualquiera, y el derecho a la información veraz y transparente no puede ser la excepción. El mercado debe cambiar. Y debe hacerlo ya