La energía eléctrica no es un servicio más para los consumidores, sino un artículo de primera necesidad para la vida. Por eso su acceso para todos los consumidores y su coste, en relación al salario base, debieran ser objeto de preocupación para los gobiernos de todos los países que debieran eliminar las barreras administrativas y costes fijos que gravan su acceso, así como cualquier variación o modificación que el consumidor efectúe sobre lo ya contratado. Pero esto no sucede así, al menos en España.

Tras el escándalo sucedido con la última subasta eléctrica para fijar el precio de la luz, el sistema va a ser cambiado y el precio, a partir de abril, será fijado tomando como única referencia el precio medio diario del «pool» o mercado mayorista. La factura será cada dos meses. No así para los hogares con contadores inteligentes, cuyo despliegue total tardará unos años, cuya lectura se realizará cada hora.

Las subidas de precios de la electricidad han sido una constante desde la maniobra de Aznar/Rato cometieron a finales de los 90. Su objetivo era impedir que las constantes subidas interfirieran en la inflación y cambiaron este control por la asunción de un déficit que pagarían más tarde. La torpeza fue mayúscula ya que nos dejó en manos de unas empresas que no son precisamente hermanitas de la caridad. Por conseguir el acuerdo no se hizo especial hincapié en la forma de calcular el déficit de tarifa, que se hizo al libre albedrío de las empresas eléctrica, se firmó, rubricó y así nos va. Con un déficit que desde entonces es la pesadilla de los sucesivos gobiernos y de nuestros bolsillos.

Desde agosto de 2013, el precio que el consumidor paga por contratar un suministro ha pasado de 27,84 euros/año a 45,34 euros/año. Una vivienda tipo puede tener una contratación que oscile entre los 3,3 Kwh. y los 7,7 Kwh., es decir, que tiene un coste fijo de 149,62 a 349,11 euros/año. Igual cálculo puede ofrecerse para los suministros de los edificios residenciales. Y con todo, el consumidor no puede contratar la potencia que precise y debe adaptarse a los tramos normalizados por ley, que van en escalas de 1,1 Kwh.

Y ante la constante subida de las tarifas y la inseguridad que supone no saber cuánto pagaremos de luz, muchos usuarios, tanto individuales como colectivos, están bajando los costes fijos disminuyendo la potencia contratada a lo que realmente necesitan. Ante esta situación, que preocupa mucho a la Administración, se están incrementando las trabas administrativas y económicas para que los usuarios sigan pagando por una potencia que no utilizan y salvando de paso el pago del déficit de tarifa.

Las solicitudes de reducción de la potencia contratada son aceptadas por las empresas eléctricas, pero éstas requieren a los usuarios, con posterioridad, la presentación del Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), conocido como el Boletín de Instalación, para así ajustar la potencia a lo que se indique en el mismo. Esta petición, que en caso de solicitud de incremento de la potencia contratada obedece a razones de seguridad, carece de justificación cuando lo que se pretende es lo contrario.

La Comunidad de Madrid riza el rizo en las exigencias a los consumidores que deben enterarse de una vez por todas que también son los votantes de esas administraciones que sólo piensan en sangrarles. Así, una vez han sido inspeccionadas las instalaciones eléctricas de Baja Tensión de los edificios con más de 25 suministros por Organismos de Control Autorizados (OCAs), y emitido el correspondiente Acta de Inspección Favorable, este documento no es aceptado por las empresas de distribución eléctrica para la reducción de la potencia solicitada. Esta medida consentida por la Comunidad de Madrid obliga, a los consumidores finales que deseen reducir la potencia contratada, a la contratación de un Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) que deberán aportar a la empresa distribuidora eléctrica. El coste del papel puede llegar a los 200 euros dependiendo de la zona.

Esta situación no puede proseguir y el usuario debe reducir la potencia contratada sin tener que solicitar el correspondiente CIE, así como la existencia de tramos de contratación a los que el consumidor final, individual o colectivo, pueda adaptar su necesidad real, hasta ahora siempre en su detrimento y en beneficio claro de la distribuidora y comercializadora eléctrica.

Cuando los ciudadanos se preguntan qué hacen tantos ex políticos y ex ministros a sueldo de las empresas energéticas del país deben preguntarse también por qué pagan tanto por la luz y es tan difícil tratar con las empresas suministradoras que parece que tienen las leyes hechas a su necesidad. Y todo ello con un bien de primera necesidad para la vida.