Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), afectados por la venta de viviendas del antiguo IVIMA y asambleas de vivienda del 15M se han encerrado en la sede de Goldman Sachs en Madrid para evitar una nueva oleada de desahucios por parte del fondo Encasa Cibeles. Este fondo, participado por Goldman, es propietario de buena parte del parque de vivienda pública vendido por el Gobierno de Ignacio González (PP) en 2013 a este y otros fondos de inversión. La operación del Gobierno de la Comunidad de Madrid supuso la pérdida de 3.000 viviendas públicas repartidas en 32 promociones.

De acuerdo a la denuncia de la PAH, los desahucios están teniendo lugar en las localidades de Parla (15 previstos sólo este mes), Majadahonda, Valdemoro y Madrid, y afectan a todo tipo de hogares y situaciones sociales: beneficiarios del plan joven de vivienda, con o sin derecho a compra, o familias que han entrado a vivir en las casas ya desalojadas tras el cambio de propiedad. El encierro quiere denunciar también la complicidad del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes, con estos desalojos, producidos tras una compraventa que está siendo investigada por la justicia en una querella penal sin que el ejecutivo actual haya anunciado medida alguna para revertir la venta o al menos decretar una moratoria de desahucios de Encasa Cibeles y los fondos Blackstone, Azora y Lazora.

Además la PAH denuncia la complicidad del Gobierno central de Mariano Rajoy y también del autonómico con estas compraventas de lo poco que quedaba de parque público de vivienda en la Comunidad de Madrid. Justo cuando éste era más necesario que nunca ante la situación de lanzamientos hipotecarios y de alquiler generalizada tras la crisis financiera -con más de medio millón de hogares afectados desde 2007. El Gobierno de Rajoy facilitó la entrada de este tipo de fondos al crear la figura legal de las Socimi, por las que la inversión en el mercado del alquiler por parte de estos fondos se ve sujeta a beneficios fiscales. Además, tal y como ha denunciado la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, el Gobierno central está obstaculizando la investigación penal sobre la compraventa: Hacienda lleva 10 meses para designar dos peritos que certifiquen si la venta al entramado de Goldman Sachs se hizo por debajo de su precio y supuso una pérdida patrimonial para el IIVIMA y la Comunidad de Madrid.

Los encerrados piden a los ayuntamientos afectados por los desalojos, Parla, Majadahonda, Valdemoro y Madrid, que exijan judicialmente la reversión de vivienda a los fondos buitre cuando la entidad titular era el IVIMA. Pese a tratarse de una empresa autonómica, al hallarse estas promociones en sus respectivos términos municipales, la PAH entiende que cabe una actuación contundente al respecto. De la misma forma solicitan un
compromiso por escrito de paralización inmediata de todos los procedimientos judiciales y desahucios de Encasa Cibeles en toda la región, la regularización de todas las familias que no estén regularizadas y reversión de las condiciones iniciales en cuanto a precio de alquiler para los adjudicatarios directos del IVIMA.