La inmobiliaria Reyal Urbis se ha declarado en quiebra y es la segunda mayor ocurrida en nuestro país tras la de Martinsa Fadesa. La caída de la inmobiliaria nos afecta a todos nosotros ya que deja un agujero en las arcas del Estado de 1.273 millones de euros. Esperando a lo que se pueda recuperar por parte de los administradores de la liquidación,  los principales afectados por la quiebra son Hacienda (443,6 millones) y Sareb (829,9 millones), con lo cual todos perdemos.

 La compañía, que se declaró en concurso de acreedores en el año 2013, con un pasivo superior a los 4.000 millones de euros, ha venido trampeando desde entonces para evitar la liquidación, que por fin ha llegado. Para ello ha ido negociando con sus acreedores, sobre todo con Hacienda, de nuevos aplazamientos que no han hecho sino engordar la suma final. Así, de los  443,6 millones que debe a Hacienda, 111 millones responden a intereses debidos por aplazamientos de pago. La situación viene de antiguo, ya que, en el año 2010, Hacienda  ya autorizó a la inmobiliaria el aplazamiento del pago de unos 300 millones de euros, con lo que la empresa logró refinanciar su deuda con las entidades financieras acreedoras.

Pero no es Hacienda el principal acreedor de Reyal, sino la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, otra empresa casi pública. De acuerdo a las cuentas de 2016 de la compañía, la deuda con Sareb ascendía a 31 de diciembre de ese año a 829,9 millones de euros.

Esta dramática situación de la empresa no ha impedido a su presidente y consejeros cobrar sueldos desmesurados y que ahora pagaremos entre todos. Y es que desde que Reyal Urbis se declaró en concurso de acreedores, su presidente, Rafael Santamaría, no ha dejado de cobrar año tras año más de un millón de euros en metálico.  En concreto  Santamaría cobró 1,3 millones de euros en 2013; 1,08 millones en 2014; 1,09 millones en 2015; y 1,08 millones en 2016. En total 4,55 millones de euros desde que la empresa se declarara en concurso de acreedores.

Tampoco los miembros del Consejo de Administración de la inmobiliaria han estado necesitados de dietas. A pesar de la situación de quiebra, la empresa ha sido generosa con ellos y así, el pasado año, con la empresa cercana a su fin,  la compañía aprobó que para el ejercicio 2017  que cada consejero cobraría 4.000 euros brutos por asistencia a cada sesión del Consejo de Administración. Incluso si los consejeros no acudían y delegaban su asistencia, recibían dicha cantidad. Por su parte el presidente percibiría por asistencia a los consejos este año 8.000 euros.

Entre los miembros del consejo de administración de Reyal Urbis, compuesto por seis personas, se encuentra el distinguido miembro del PP de Madrid y ex-alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, que el pasado año recibió por asistir a los Consejos la cifra de 48.000 euros.