En un largo procedimiento que aún no ha terminado, pues ambas partes, condenados y Ayuntamiento de Madrid, ya han anunciado sendos recursos, aparte de la vía penal que puede activarse, el Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa Ana Botella y a otros siete altos cargos de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por un precio inferior al de mercado y otras irregularidades.

Todo comenzó cuando en el año 2013, con los restos de la burbuja inmobiliaria oliendo a carroña, llegaron a España los fondos buitre. De la mano de políticos y banqueros, con los ojos fijos en las grandes operaciones que administraciones y bancos podrían hacer, se hicieron con un ladrillo agrupado y barato. No hubieran podido realizar los buenos negocios que hicieron si la legislación española no hubiera estado hecha a la medida de sus necesidades.

Llegaron y se especializaron en campos distintos, suelo, edificios singulares, centros comerciales, oficinas, activos industriales y residenciales. Pero no sólo tenían la legislación española a favor de sus operaciones, sino que el partido gobernante en aquel momento, el Partido Popular, enemigo de todo lo público y amigo de comisiones, estaba desmantelando y vendiendo a pedazos la Sanidad, la Educación, el Mercado laboral… ¿por qué no también la vivienda social o los edificios públicos? Buscaron socios en el PP, los hallaron entre sus élites, y se pusieron a trabajar.

Entre los fondos que llegaron merece especial atención Blackstone, por la manera sangrante, para la población más desfavorecida por la crisis, con la que ha obtenido sus beneficios, y porque fue el malo necesario para la operación que hizo Botella en el Ayuntamiento de Madrid.

Hay que decir que de todos los fondos de capital riesgo, Blackstone es el mayor del mundo. Sólo en el mercado inmobiliario gestiona 64.000 millones en activos. Desde su llegada a España  realizó una serie de operaciones de legalidad dudosa y de ninguna ética. De entre ellas sobresale la compra de activos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) a la que pagó 128,5 millones por 1.860 viviendas, construidas con dinero público y en régimen de alquiler. A una media de 69.000 euros por vivienda, incluyendo gran cantidad de garajes y trasteros.

La operación se realizó el 20 de junio de 2013, después que la EMVS hubiera estudiado otras cuatro ofertas recibidas. Resulta sorprendente que la valoración y la decisión, sobre una cuestión de tanto importe y que afectaba la vida de tantos miles de personas, se realizara en poco más de quince días.

Una vez seleccionado Blackstone, se negoció con el fondo, que de resultas de la “ardua negociación municipal” obtuvo una nueva rebaja de dos millones de euros, algo inexplicable cuando ya había ofertado un precio en el concurso por la propiedad de las 1.860 viviendas sociales, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, por el importe antes mencionado de 128,5 millones de euros, casi la mitad de su precio de mercado. En su momento se supo, que además del descuento suplementario de los dos millones, el fondo obtuvo una propinilla en la compra, ya que el equipo de Botella regaló a Blackstone, gestionado en España por Fidere, once trasteros y garajes valorados en 300.000 euros.

En su momento, la fiscalía del Tribunal de Cuentas estimó que la enajenación de las 18 promociones se realizó sin un informe técnico de valoración, para fijar el valor de mercado que tendrían los inmuebles.

Tras la llegada de Manuela Carmena al Palacio de Correos, Ahora Madrid y el PSOE de Madrid, alarmados por la situación económica del consistorio madrileño, y por el incesante trabajo de las destructoras de papel antes de que llegaran al ayuntamiento, abogaron por la creación de una Comisión de investigación de la Deuda de la capital, que fue aprobada a finales de marzo de 2015, con el voto a favor de Ciudadanos. Se formó con cuatro representantes de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos. El PP, al que correspondían cuatro representantes en la comisión, no formuló propuesta de nombramiento, ya que decidió no participar en este órgano municipal que pretendía hacer luz sobre lo ocurrido en materia económica.

A pesar de los esfuerzos del PP por tapar una situación, que afecta a la mujer de su querido expresidente Aznar, la Comisión finalizó sus trabajos en septiembre, con un dictamen demoledor sobre lo sucedido: ni el anterior equipo directivo de la EMVS respetó las normas internas de contratación, ni adjudicó el lote a la mejor oferta económica, ni justificó en ningún momento por qué pagó, dos facturas por idéntica cantidad, 1.196.387.50 euros, el 10 de diciembre de 2013 y el 31 de enero de 2014 en concepto de comisión inmobiliaria, a una UTE de reciente creación, Itaca de Desarrollos Urbanos SL y Promociones y Desarrollos Creaciona SL, capitaneada por un antiguo directivo de Aguirre Newman, gigante del sector ligado al hermano de Esperanza Aguirre y de la que no hay constancia de ninguna gestión realizada.

Y que no sólo la venta de estos inmuebles fue ilegal, y en el proceso actuaron con desprecio absoluto a los arrendatarios, compuestos en su mayoría por jubilados, pensionistas, y parados, sino que además supuso un desfalco patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid valorado por el Tribunal de Cuentas en 25,7  millones de euros, que podría ampliarse a los 161 millones si el recurso del consistorio madrileño prospera.

La durísima sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas este 27 de diciembre y que sigue la misma línea del informe de la Cámara de Cuentas de hace dos años,  no solo da por hecho que la operación fue ilegal por el precio al que se vendieron los pisos, dando “ lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público», también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente y por las que condena a Ana Botella y a ocho miembros de su equipo: el fondo Blackstone tuvo información privilegiada, el Ayuntamiento no abrió un procedimiento con publicidad para que hubiera más ofertas, no hubo una tasación fiable de los inmuebles que vendió. Todo se hizo a mayor beneficio del fondo buitre.

Para atender a las responsabilidades patrimoniales que podrían derivarse de la demanda admitida a trámite, todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno, comenzando por Concepción Dancausa, pidieron al director general de Organización, Régimen Jurídico y Formación del Consistorio que fuera el propio Ayuntamiento, a través de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil que tiene suscrita, el que se hiciera cargo, tanto de las fianzas derivadas del proceso, como de sus defensas jurídicas. Pero la aseguradora –Zurich Service A.I.E– se negó, porque la  cobertura para la responsabilidad contable que está siendo exigida por el Tribunal de Cuentas no entraba en la cobertura contratada.

La sentencia condenatoria del Tribunal de Cuentas que implica al equipo de Ana Botella fue por  la enajenación de 18 promociones completas de viviendas protegidas (1.860), de sus elementos vinculados y de otros inmuebles no vinculados al  fondo buitre Blackstone -mediante su filial Fidere– por 128,5 millones de euros. Aunque, según informes periciales, su precio de mercado era de 249, 2 millones. Una diferencia que produjo un daño a las arcas municipales, pues al ser los fondos de la EMVS fondos públicos, el daño causado sobre ellos afecta también a las cuentas públicas del Ayuntamiento, dada la vinculación que existe entre el patrimonio de ambos.

Los condenados son Ana Botella y su equipo de Gobierno: Concepción Dancausa –anterior delegada del Gobierno y antes concejal de Economía y Hacienda-, José Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz González García, María Dolores Navarro Ruíz y Pedro Corral.  Se les condena a pagar 22.711.518 euros (unos 2,8 millones de euros cada uno) porque los miembros del equipo de Gobierno eran a la vez “integrantes de la junta de accionistas de la EMVS”. Todos son condenados a responder solidariamente por un perjuicio contable de más de 22 millones de euros ocasionados a las arcas municipales en esa operación inmobiliaria. Es decir, tendrán que abonar el dinero de su bolsillo, salvo que se anule esta sentencia. A Fermín Oslé, antiguo responsable de la empresa de vivienda, el Tribunal le condena a abonar otros tres millones.

Conocida la sentencia, la notificación de recursos a la misma ha sido inmediata, también la apertura de nuevos procedimientos. Así, la presidenta de la EMVS y alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, anunció que el Ayuntamiento está estudiando un nuevo proceso de nulidad de la venta de las viviendas sociales al fondo buitre, así como presentar un recurso al escrito del Tribunal de Cuentas ya que el Consistorio calculó el daño patrimonial causado por dicha venta no en 25,7 sino en 127 millones. Tampoco hay que olvidar la vía penal abierta por el PSOE y en la que el ayuntamiento está personado. Fue cerrada en su día por la Audiencia de Madrid, pero se reabrió con el primer informe de la Cámara de Cuentas. La sentencia del Tribunal de Cuentas y las irregularidades que desvela se aportarán en el procedimiento penal.

Por su parte, el Partido Popular, erigido en defensor y portavoz de los condenados, ha manifestado que “la sentencia del Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid». También los propios condenados han esgrimido que no intervinieron en la operación de compraventa y que se limitaron, en su calidad de junta general de accionistas de la empresa municipal de vivienda, a ratificar el plan de viabilidad que había aprobado el consejo de administración.

Los inquilinos, grandes perjudicados por Botella y sus cómplices en la operación de compraventa y que han visto subidas de hasta el 43% en los contratos de alquiler y una duración máxima de tres años frente a los diez que tenían con la EMVS, han manifestado su satisfacción con la sentencia, aunque saben que el procedimiento todavía será largo. En el camino ya hay desahucios, desesperación y algún suicidio.

Lo peor que destiló la sentencia condenatoria a Botella y sus cómplices, fue la incredulidad del país hacia la Justicia, que la convirtió en la inocentada del día. Lo mejor, el camino abierto para acabar con la impunidad de los cargos políticos, que utilizan el dinero y los bienes públicos como si fueran propios, no parando ante los derechos de las personas, como es el de la vivienda digna. Y la pregunta que nos queda en el aire: ¿serán los Aznar-Botella un matrimonio católico «comme il faut» o uno de esos de nuevo pelaje que no respetan nuestras tradiciones?. Lo digo por los gananciales y todo eso.

Eduardo Lizarraga

AQUIMICASA.NET