La venta de las viviendas públicas, que el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid hizo a un fondo buitre, continúa siendo origen de problemas para los populares en Madrid. Y más que lo va a ser. Pero los platos rotos se pagarán con dinero público, porque los políticos en España son irresponsables en sus actuaciones ¿o no responsables? Y es que la  Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado, mediante Sentencia de 23 de marzo de 2018,  el derecho de los inquilinos afectados por  la venta de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs, a impugnar la venta de sus viviendas públicas. El alto tribunal considera que esta venta afecta a sus derechos como arrendatarios, en tanto en cuanto dejan de ser beneficiarse del régimen público de viviendas de protección oficial.

La Sentencia reproduce y consolida los argumentos expuestos en el fallo emitido el pasado 22 de noviembre al considerar que “ el cambio de régimen jurídico no es meramente abstracto, tiene consecuencias directas y concretas dada la diferencia entre los fines sociales que si tiene una Administración Pública y que no concurren en una empresa privada respecto a la vivienda y a la situación del arrendador”.

Recordamos que el pasado 22 de noviembre de 2017 el Alto Tribunal ya se pronunció en el mismo sentido reconociendo el derecho de un inquilino de Navalcarnero a impugnar la venta de su vivienda pública.

Esta segunda Sentencia da la razón al equipo jurídico de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) fallando a favor de varios recurrentes de Leganés  y supone la consolidación de jurisprudencia sobre el particular.

Se abre, por fin, el camino para que después de cinco años los inquilinos afectados por la venta de sus viviendas públicas a fondos buitres puedan denunciar el desmantelamiento del parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid. Pero cómo hemos dicho antes, las indemnizaciones que pudieran fijarse se pagarán con dinero de todos, porque los políticos del Partido Popular que realizaron esta actuación contraria a la Ley ni están ya, ni responden con su patrimonio.