La vuelta del verano va a ser terrorífica para las familias en muchos aspectos y uno de ellos es el pago de los recibos de suministros que quedaron en moratoria por la pandemia y que para muchas familias, que no han percibido suficientes ingresos este verano o que se han quedado en paro, van a ser muy difíciles de asumir. En este sentido,  FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que elabore un protocolo de medidas para facilitar el abono de los recibos pendientes de agua, luz y gas, que hubieran podido acumularse durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, en varios plazos. Se trata de una petición realizada por la asociación en varias ocasiones a la Vicepresidencia social y al ministro de Consumo, Alberto Garzón.

La asociación advierte de que serán muchas las familias, especialmente las de situación vulnerable, las que al finalizar la prohibición del corte de suministros básicos tomada por el Ejecutivo, se encuentren ante la incapacidad económica de afrontar el pago de varias facturas acumuladas y sin un respaldo jurídico que les permita flexibilizar y facilitar el abono de los importes adeudados.

Durante el estado de alarma y meses después, la circulación de las personas se ha visto reducida y la permanencia en sus viviendas ha incrementado los consumos domésticos y el importe de las facturas de sus servicios, cuyos precios, además, son manifiestamente elevados. La consiguiente acumulación de estas cantidades puede dar lugar a una situación de gravedad, con una repercusión aún mayor para aquellos consumidores especialmente vulnerables.

El Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de septiembre la prohibición de cortar la luz, el agua o el gas por impago en la primera vivienda. Pero cuando la medida deje de estar en vigor hacen falta medidas que faciliten el pago por parte de los usuarios, con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación de estos servicios.

En este sentido, la asociación de consumidores insta al Gobierno a la puesta en marcha de ayudas públicas destinadas a aliviar a los consumidores de la carga económica que pudiera derivarse de la prestación de servicios esenciales como la luz, el agua o el gas, o mediante la regulación de fraccionamientos de pago con márgenes suficientemente amplios que permitan su abono en atención a las circunstancias personales y económicas que pudieran presentar los usuarios.