Después de un mes de julio de trabajo enloquecedor para los profesionales, con los arrendamientos y las operaciones de venta dejadas para última hora, aderezado todo ello por la Ley de Alquileres y la del Crédito Inmobiliario, que han ralentizado el trabajo hasta el paroxismo, parecería que el periodo vacacional, que se abrirá en una semana, debiera servir para introducir ciertas dosis de tranquilidad en el sector. Pero no va a ser así. La incertidumbre marca el retorno y va a impedir abrir la sombrilla con tranquilidad.

Los datos del primer semestre no han sido todo lo buenos que se pronosticaban cuando terminó el año 2018. Ni las expectativas de operaciones de compraventa se van a cumplir, ni los precios se van a recuperar lo esperado. También la concesión de hipotecas está endureciendo sus condiciones y los propietarios que ponen a la venta sus propiedades inmobiliarias comienzan a certificar que los plazos de venta en muchas ubicaciones están comenzando a crecer de nuevo.

Unos, los más optimistas, lo llaman estabilización y madurez del mercado, los otros, más preocupados, ya están comenzando a hablar de un nuevo ciclo de problemas en el sector.

No podemos dejar de lado la situación económica internacional ni tampoco nuestra particular crisis política, que lleva 13 meses coleando y podría llevarnos a una catastrófica repetición de elecciones en noviembre.

De la primera ya lleva advirtiendo un tiempo el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su última reunión, celebrada el pasado día 23 tuvo que reconocer que el crecimiento mundial será ligeramente inferior al previsto, llegando al 3,2%. Y lleva desde el mes de abril del pasado año corrigiendo una y otra vez sus vaticinios a la baja. Es cierto que España se salva de las malas previsiones y el FMI eleva nuestras perspectivas de crecimiento al 2,3% y al 1,9% en el 2020. Este organismo explica las mejores cifras españolas “como reflejo de la fuerte inversión y la debilidad de las importaciones al comienzo del año”. La mejoría, sin embargo, puede ser temporal, ya que la caída de las importaciones no casa bien con el crecimiento de la demanda interna.

Los culpables son los que llevan en boca de todos desde que comenzaron las malas perspectivas, Estados Unidos, que ha incrementado aún más los aranceles sobre determinadas importaciones chinas, a lo que el país asiático ha respondido elevando los aranceles de un subconjunto de importaciones de Estados Unidos. Y todo ello, a pesar de que tras la cumbre del G-20 celebrada en junio se evitó una nueva escalada de estas medidas. Pero además tenemos toda la intranquilidad que está produciendo el Brexit, incrementada por la llegada de Boris Johnson a Downing Street y sus advertencias de que el 31 de octubre, con acuerdo o sin él Reino Unido se saldrá de Europa. Las amenazas de sanciones por parte de Trump a tecnologías chinas y las crecientes tensiones geopolíticas que inciden en los precios de la energía, completan el cuadro.

En la zona del euro, el FMI proyecta un crecimiento del 1,3% en 2019 y del 1,6% en 2020 (0,1 puntos porcentuales más elevado que en abril). El pronóstico para 2019 se ha revisado ligeramente a la baja para Alemania, pero no varía en el caso de Francia e Italia. Las proyecciones de crecimiento para España en 2019 se han revisado al alza, como reflejo de la fuerte inversión y la debilidad de las importaciones al comienzo del año. Se prevé un ligero repunte del crecimiento en la zona del euro en lo que queda de este año y hasta 2020, ya que se proyecta que la demanda externa se recuperará y que seguirán disipándose los factores temporales.

Y de la segunda, a la que nos arrastran los políticos que padecemos, ya estamos todos contemplando el patético espectáculo que se está produciendo en la investidura de Sánchez. Nadie tiene la mínima noción de Estado ni parece importarle el bienestar de los españoles y todos se tiran al degüello del contrario, no de su programa político, que parece lo menos importante, sino de su persona. Y los insultos y bajezas menudean tanto, que nos parece estar contemplando una discusión de bar en barrio periférico, en la que muy previsiblemente todos terminarán a mamporros.

En el camino nos hemos dejado 13 meses de desacuerdos políticos que han impedido poner en marcha determinadas medidas para quitar presión al mercado de la vivienda. El precio sigue subiendo, aunque la situación económica, que no las directrices políticas de conveniencia del país, terminarán regulándolo. Lo que parece no estar sucediendo con los alquileres que, aunque no de forma tan escandalosa como hace un año, continúan incrementando sus precios –un 2,7% en el primer semestre del año-  y produciendo ya más de 112 desahucios diarios según las cifras señaladas por Consejo General del Poder Judicial  que apuntan a 10.000 desahucios en el primer trimestre del 2019, cifra que es la mayor desde 2013. Algo tendrá que ver la continua entrada de capital procedente de fondos de inversión.

Nada de lo que se habló hace algo más de un año, referente a los precios del alquiler, se ha puesto en marcha. A la propuesta de Unidas Podemos de poner un precio tope a los arrendamientos, contestó el PSOE con el subterfugio, visto lo visto, de crear un índice de precios de referencia en el alquiler, pero continúa sin existir. Lo único que existe son unas estadísticas elaboradas por agentes del mercado sobre los precios de oferta, lo que tiene poca validez a efectos de control del mercado.

Tampoco se ven grandes avances en instalar soluciones al problema de falta de vivienda social. Necesitamos algo más de 1,7 millones de viviendas protegidas para equipararnos a nuestro entorno europeo. Y a pesar del desmesurado retraso que sufrimos en este sentido, producto de decenios de desinterés  interesado de nuestros gobernantes, por este aspecto del bienestar social de los españoles, de momento sólo se está hablando de la construcción de 20.000 viviendas este año y aún no se han sacado a concurso los suelos necesarios…un chiste más sobre el derecho constitucional a la vivienda.

El bloqueo político ya está teniendo consecuencias. Así, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) asegura que las operaciones de compraventa de vivienda cayeron un 12% en el segundo trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior por «la subida ininterrumpida del precio de la vivienda desde 2015 y la inestabilidad provocada por un prolongado ciclo electoral». Por ello la FAI, como el resto de los españoles, reclama responsabilidad a los políticos y desbloquear la situación de un gobierno en funciones que permita llevar adelante las necesarias medidas estructurales de cambio que la economía necesita, promoviendo, a la vez, un Pacto de Estado de Vivienda.

Menos ventas de las previstas, alza de precios por encima del mercado, endurecimiento de los criterios de solvencia para concesión de hipotecas, incapacidad de los jóvenes para acceder al mercado de la vivienda, mercado laboral precario y con sueldos bajos, inestabilidad política que dura ya 13 meses y lo que te rondaré morena, crecimiento mundial menor del esperado y en Europa por debajo del umbral de crecimiento laboral, políticos bajitos y ególatras, sin sentido de Estado dando el espectáculo…no es la tormenta perfecta, pero podría empezar a parecerlo. Lo veremos en octubre, con resultados encima de la mesa, que vamos para dos años perdidos.

Eduardo Lizarraga

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