El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este pasado lunes una batería de 12 medidas en materia de vivienda. Lo ha hecho en el marco del foro «Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar», organizado por el Ministerio que encabeza Isabel Rodríguez y que se ha celebrado en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Los objetivos del paquete son tener «más vivienda, mejor regulación y mejores ayudas».
La vivienda como pilar del Estado de Bienestar
La vivienda ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate político y social en España. Con la reciente presentación de un ambicioso paquete de medidas por parte del Gobierno en el foro «Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar», se plantea un nuevo enfoque para abordar la crisis habitacional y los desequilibrios del mercado. Estas políticas, lideradas por el presidente Pedro Sánchez, buscan garantizar el acceso a la vivienda como un derecho, proteger a los sectores más vulnerables y regular el mercado para frenar su conversión en un bien exclusivamente especulativo.
Ayudas fiscales a propietarios
Una de las medidas más destacadas es la exención fiscal del 100% en el IRPF para propietarios que alquilen sus viviendas respetando el Índice de Precios de Referencia de la Ley de Vivienda. Esta decisión no estará condicionada por la declaración de zonas tensionadas, lo que amplía su aplicación a nivel nacional, independientemente de la postura de las comunidades autónomas.
Esta medida incentiva la oferta de alquileres asequibles, un paso importante en un contexto donde los precios del alquiler han expulsado a muchos ciudadanos del mercado. Aunque algunos critican que el impacto pueda ser limitado sin una fiscalización estricta, es un gesto significativo hacia la regulación.
Las viviendas públicas nunca dejarán de serlo
El anuncio de que toda la vivienda protegida construida por el Estado mantendrá indefinidamente su titularidad pública marca un antes y un después en la política de vivienda en España. Durante años, las viviendas protegidas se convirtieron en un recurso limitado que, tras unos años, podía incorporarse al mercado libre.
Con esta medida, se blinda el parque de vivienda pública, garantizando que seguirá sirviendo a las generaciones futuras. Además, se ha iniciado la transferencia de más de 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva Empresa Pública de Vivienda, que se encargará de su gestión.
Persecución del fraude en los alquileres temporales
El auge de los alquileres temporales, especialmente en zonas turísticas, ha agravado la escasez de viviendas disponibles para los residentes. El Gobierno ha decidido endurecer la regulación contra el fraude en este tipo de alquileres, un movimiento que busca equilibrar el impacto del turismo con las necesidades habitacionales de la población local.
Esta medida resulta crucial en lugares donde la demanda turística ha disparado los precios, haciendo casi imposible encontrar viviendas asequibles. Sin embargo, su efectividad dependerá de los mecanismos de control que se implementen para garantizar su cumplimiento.
Dificultar a los no residentes la compra de viviendas en España
Otra de las iniciativas anunciadas es la limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. El incremento del gravamen fiscal hasta el 100% busca desincentivar este tipo de adquisiciones, priorizando el acceso a la vivienda para los residentes en España.
Aunque polémica, esta medida aborda un problema real en regiones costeras y urbanas, donde la compra masiva por extranjeros ha incrementado los precios de forma desproporcionada. Países como Canadá ya han adoptado políticas similares, mostrando que esta restricción puede funcionar si se aplica correctamente.
Transferir viviendas y suelos a la empresa pública de vivienda
La creación de una Empresa Pública de Vivienda representa una apuesta decidida por aumentar el parque de vivienda social. Además de las transferencias ya mencionadas, se incorporarán 13.000 viviendas de la SAREB de forma inmediata y otras 17.000 más de forma progresiva.
Con esta medida, se pretende ofrecer soluciones habitacionales asequibles en un mercado que durante años ha favorecido la especulación. No obstante, será fundamental garantizar una gestión eficiente y transparente para evitar errores del pasado.
Buscar el equilibrio entre turismo e inversión
El presidente Sánchez ha subrayado la necesidad de encontrar un equilibrio entre turismo e inversión. España es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, pero el crecimiento descontrolado de las inversiones vinculadas al turismo ha creado tensiones en el acceso a la vivienda.
El reto será implementar medidas que regulen la actividad turística y protejan el derecho a la vivienda sin afectar la competitividad de un sector clave para la economía nacional.
¿Es suficiente este paquete de medidas?
El anuncio de estas políticas supone un paso adelante en la regulación del mercado inmobiliario en España, pero plantea algunas preguntas importantes:
- ¿Será suficiente la exención fiscal y las garantías públicas para incentivar una oferta significativa de alquiler asequible?
- ¿Cómo se fiscalizarán las limitaciones a los alquileres temporales y las compras por parte de no residentes?
- ¿Podrá la Empresa Pública de Vivienda gestionar de manera eficiente el enorme volumen de suelo y viviendas transferidas?
Aunque muchas de estas medidas son necesarias y bienvenidas, su éxito dependerá de su implementación efectiva y de la coordinación entre las distintas administraciones.
En un mercado inmobiliario caracterizado por desequilibrios estructurales, estas acciones pueden sentar las bases para una regulación más justa. Sin embargo, será imprescindible un seguimiento continuo para adaptarlas a las necesidades reales de la ciudadanía.
El mercado inmobiliario debe enfocar un cambio necesario
Como mencionó el presidente, el acceso a la vivienda es un derecho que define el bienestar de una sociedad. Estas medidas representan un intento por abordar uno de los problemas más urgentes de España, pero solo el tiempo dirá si son capaces de transformar el sector de la vivienda en un verdadero pilar del Estado del bienestar.
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