Fue hace diez años, en agosto de 2007, cuando nos fuimos de vacaciones felices, opulentos  y sin problemas y volvimos en septiembre con una crisis que aún dura. Una crisis económica y financiera mundial que se agravó  en nuestro país con el estallido de la burbuja inmobiliaria, larvada en los diez años anteriores y que algunos fijan su origen en la liberalización del suelo realizada por el tándem Aznar-Rato.  Pero es preciso añadir que la simple disponibilidad de suelo no es condición suficiente para el nacimiento de la burbuja y que hizo falta añadirle una mayor disponibilidad crediticia y el convencimiento de la posibilidad de un crecimiento sostenido. Todo ello bien aderezado con el mal hacer de los bancos, la inmoralidad de los políticos y los maletines y comisiones que abundaron en el país como nunca. El estallido de la burbuja tuvo como principales consecuencias la profundización de la crisis, la nacionalización de las cajas de ahorro quebradas, las ayudas públicas a la banca y el dramático incremento de los desahucios en nuestro país.

Desde aquel año 1998 de la Ley del Suelo, hasta el 2007, el mercado inmobiliario experimentó una elevación mantenida de los precios, que superó el 10% anual y llegó hasta el 30% alguno de los años. La crisis hipotecaria norteamericana y la inseguridad crediticia trajo el pinchazo de la burbuja que originó, a partir de diciembre del 2007, una vertiginosa caída de la demanda y de los precios de la vivienda que ha superado, en algunos casos, más del 60% del valor que llegó a a tener en el cuarto trimestre del 2007.  La caída aún se mantiene en algunas provincias españolas en tanto que otras, como las punteras Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias, a las que es preciso sumar ya,  otras más de veinte provincias españolas, están comenzando a incrementar sus precios. La caída más fuerte se produjo entre el 2011 y principios del 2012, con descensos superiores al 40%. La causa principal de este desplome de los precios hay que verlo en la incapacidad del mercado para absorber la oferta de vivienda existente, en la situación catastrófica del mercado laboral y en el cierre crediticio de los bancos. Sin olvidar el descenso de pensiones y salarios, auspiciada por el Gobierno y de lo que no se ha hablado aún lo suficiente. Y es que al final, como sucede siempre en nuestro país, el abuso, los excesos y robos generalizados de bancos y dirigentes ha sido pagado por el conjunto de la sociedad española.

Y la situación sigue sin normalizarse, con bajadas importante de precio, en éste primer trimestre del año, superiores al 7% interanual en varias provincias. En el fondo de la cuestión puede estar la conversión de los bancos en los mayores tenedores de viviendas  del país y el control que tienen del mercado inmobiliario. La situación no se regulará hasta que  a ellos les venga bien y cuando estas entidades financieras  logren dar salida a las viviendas y al suelo que poseen.

Una de las causas importante en el fortalecimiento de la burbuja inmobiliaria con la subida constante de los precios fue, sin lugar a dudas, la especulación y la corrupción existentes en nuestro país y de los que la clase política protegió a capa y espada participando activamente en los beneficios que se generaron.

En primer lugar, la generación de la burbuja hasta llegar al punto de no retorno se caracterizó por una sistemática negación de su existencia. Negación que convirtieron en dogma los sectores interesados y beneficiados por el chorro de dinero fácil que repartía entre los implicados. Constructores, promotores, políticos nacionales y autonómicos, Cajas de Ahorro, Bancos y hasta el Banco de España, negaron de forma sistemática su existencia y hablaban, como mucho, de un mercado acelerado, un “boom inmobiliario” y de un precio que podía estar un 20% por encima del real. Las cifras y alarmas que llegaban desde organizaciones económicas y financieras exteriores eran mucho mayores y destacaban una situación incontrolable que tenía toda la apariencia de terminar mal. En concreto, en el año 2005, The Economist aseguraba que lo que se estaba produciendo en España era  el mayor proceso especulativo de la historia del capitalismo.

No hacía falta ser una gran economista para darse cuenta que la situación era muy anómala, tan sólo hacía falta no tener intereses en su mantenimiento. Y es que las diferencias entre el incremento medio del IPC y los sueldos (de un 3 %) y las subidas anuales del precio de la vivienda de hasta un 17% presagiaban lo que iba a ocurrir. No es sostenible que la  vivienda se encarezca 6 veces más que los sueldos y el IPC medio.

También había voces, tachadas de alarmistas y antipatriotas, que avisaban de la creación de la burbuja y vaticinaban la dependencia del PIB español del sector de la construcción, unido al endeudamiento insostenible de las familias y los promotores, causarían a la larga una recesión económica, por culpa del alza de los tipos de interés, Aumentando la tasa de paro, desplomando el consumo e incrementando los índices de morosidad y provocando la caída del precio de la vivienda con los problemas bancarios y sociales consecuentes. Y así fue pasando.

Entre el año 1997 y el 2006, según datos del Bando de España, el precio de la vivienda se incrementó en un 150%., pero la locura especulativa y el dinero que generaba conseguían que cada año se construyeran más viviendas, que se vendían al precio que fuera. Así, en el 2006, se dieron 800.000 visados de construcción.

Uno de los motivos principales que propiciaron la burbuja inmobiliaria fue el auge especulativo y el aumento de circulación de dinero negro en el sector. Todo ello permitido por los poderes públicos y alentado por las instituciones financieras que tan sólo veían más negocio y beneficios cada año. Al mercado llegaron cientos de miles de pequeños inversores que compraban producto inmobiliario a su medida para luego venderlo más caro y es que los beneficios se realizaban en menos de un año y se podía volver a repetir la jugada.

Uno de los tándems más perniciosos –no hay que olvidar el de Políticos y Promotores –fue el de bancos y sociedades de tasación, íntimamente ligadas a ellos, cuando no eran de su propiedad. El banco, cuyo beneficio aumentaba con el incremento del capital prestado, empujaba a estas sociedades a sobrevalorar los inmuebles, que eran vueltos a sobrevalorar en la siguiente operación de compraventa. La inexistencia de control alguno – el del mercado es una falacia inventada por el neoliberalismo-  permitía ese y todos los abusos posibles.

Y en cuanto a la UTE de políticos, promotores y tenedores de suelo, protagonizaron una continua retahíla de sobornos, corrupción y cohechos, desde la pequeña política municipal, actora estrella de la situación desde la liberalizadora Ley del Suelo, hasta la gran política residente en los parlamentos autonómicos o nacional, que no hizo nada para controlar una situación que se convertía día a día en una caja de bombas. Y es que eran los primeros interesados para mantener el “statu quo”, tanto por interés de los partidos a los que representaban, que estaban obteniendo buenos ingresos poco declarables, como por el personal, ya que ellos también se estaban aprovechando de la situación, con el uso de información privilegiada en no pocos casos. Como indicativo de la situación baste decir que cuando se les obligó, en el año 2011, a declarar su patrimonio, se pudo comprobar que prácticamente la totalidad de los parlamentarios habían invertido en vivienda, teniendo alguno de ellos hasta más de 20 inmuebles a su nombre.

Todos estos factores unidos consiguieron que en el año 2006 tuviéramos casi 3,5 millones de viviendas vacías, es decir, un  14,3%, la tasa más alta del mundo.

Y hoy, diez años después del final de aquella locura colectiva, podemos ver con perspectiva la evolución de la situación. Y si bien el tiempo ha intentado poner a cada uno en su lugar, ni el Gobierno de España ni los poderes existentes han dejado que ello suceda. Así, los causantes financieros y empresariales de la situación están, en la mayoría de los casos, viviendo jubilaciones doradas, disfrutando de inmerecidas indemnizaciones y viendo todo desde una lejanía cómoda, el esclarecimiento de lo sucedido, la asunción de responsabilidades y el pago de las mismas, no se ha producido.

Y el pagano de turno ha sido el de siempre, el pueblo español que pagó cantidades desorbitadas por una vivienda digna, derecho contemplado en nuestra Constitución. Que cuando no pudo pagar la hipoteca fue desahuciado y expoliado en sus bienes presentes y futuros de por vida y que, además, vio como el naciente estado de bienestar, aún incipiente, era arrancado de raíz y la Sanidad, la Educación, los derechos sociales, laborales y legales disminuían hasta casi desaparecer.

Aprendamos de lo vivido, no contemplemos a la vivienda como un bien especulativo –que ya está volviendo a suceder- sino como un derecho constitucional para todos y obliguemos a los políticos a tomar las medidas correctoras necesarias. Porque sino repetiremos la burbuja y volveremos a precipitarnos en una crisis de la que aún no hemos salido del todo. Y está en nuestras manos evitarlo, porque los beneficios que unos puedan obtener hoy, los pagaremos con sangre entre todos mañana.

 

EDUARDO LIZARRAGA

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