La masificación de las viviendas de uso turístico está suponiendo un problema en muchas ciudades y en algunas comunidades autónomas. Hacen subir el precio de la vivienda y los alquileres y disminuyen la oferta que tanto en venta como alquiler residencial se están viendo muy afectadas. Las diferentes administraciones autonómicas debieran ejercer una labor decontrol, tanto para detectar viviendas ilegales como para garantizar que los servicios que se proporcionan a los turistas sean los correctos.

Las inspecciones a las viviendas de uso turístico no superan el 3,2% en Andalucía

Pero, en ocasiones, no lo hacen. Como, por ejemplo, en Andalucía, donde Facua critica que la Junta sólo inspeccionara en 2023 un 3,2% del total de Viviendas de Uso Turístico (VUT) que se encuentran registradas en la comunidad autónoma.

Los resultados del Plan de Inspección de Turismo 2023, elaborado por la Consejería de Turismo, arrojan que del total de 116.702 VUT inscritas en el Registro de Turismo el año pasado, sólo se realizaron 3.755 actuaciones inspectoras para controlar el cumplimiento de la normativa y sólo sobre viviendas que iniciaban su actividad, lo que supone apenas un 3,2%. A estos datos habría que añadirle, además, la actividad clandestina que se desarrolla en el sector.

Este informe parte de una petición expresa de la federación en la última sesión del Consejo Andaluz de Turismo, para conocer el grado de control e inspección al sector turístico de la comunidad para garantizar que cumplen con la normativa. Un informe, denuncia FACUA Andalucía, que sin embargo no arroja los datos suficientes y que es poco preciso en su análisis de los resultados.

Del total de inspecciones sólo se han registrado 311 actas en un año

El documento, sin embargo, recoge que del total de actuaciones inspectoras sólo se levantaron 311 actas. El resto fueron informes meramente informativos (1.043) —cuyo contenido no especifica— y 1.048 requerimientos, mientras que la mayoría de actuaciones, 1.353, aparecen bajo un epígrafe señalado como “Otros“, del que tampoco da más detalles sobre su significado y resultado.

En este sentido, FACUA Andalucía advierte de que la falta de precisión en los datos que facilita la Consejería de Turismo impide conocer con exactitud el grado de cumplimiento de la normativa por parte de las VUT, al no informar de en qué consistieron la gran mayoría de actuaciones inspectoras y sus resultados.

El documento no especifica sobre qué fueron los 1.048 requerimientos que realizó, en qué consistieron las 1.353 actuaciones recogidas como “Otros“, ni por qué se limita en un buen número de ocasiones a realizar meros informes. Cabe destacar que 462 de dichos informes se marcan como “desfavorables“, aunque tampoco detalla el motivo.

De las 311 actas levantadas a viviendas de uso turístico, el 67,5% de ellas no cumplía con la normativa que afecta a este tipo de alojamientos. Así, el 36,0% fueron advertidas por incumplimientos de la normativa subsanables, mientras que al 31,5% se les levantó un acta por infracción de la misma. Sólo el 32,5% se ajustaban en su totalidad a la legislación.

El incremento de las VUT en Andalucía desde el 2016 es del 1000%

En Andalucía, el número de VUT no ha parado de crecer en los últimos años. La Consejería cifra en un 22,2% el incremento de este tipo de alojamientos de 2022 a 2023, pasando de 95.507 a las 116.702 registradas a final del año pasado. La propia Administración recoge que, desde 2016, el incremento de comunicaciones de inicio de actividad en la comunidad es de un 1.000%.

FACUA Andalucía señala que tal avalancha de nuevas VUT, unido a que sólo es necesaria una simple declaración responsable para la prestación de servicios turísticos, ha desbordado la capacidad de la Consejería para controlar el cumplimiento de la normativa, lo que ha dado como resultado un número de inspecciones tan irrisorio en relación al número de viviendas registradas.