Estaba cantado y no ha tardado demasiado en llegar. La actuación de la Comunidad de Madrid con la vivienda social del IVIMA, vendiéndosela a un fondo buitre, no podía ajustarse a justicia. Y así lo ha resuelto el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid, que  ha decidido estimar la demanda presentada por una vecina de Navalcarnero y anula así, la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid (CAM) a un fondo buitre.

Y esta sentencia vuelve a colocar en un brete al gobierno de la CAM, porque también invalida el acuerdo firmado en 2013 por el gobierno regional de Ignacio González, con el que se vendieron 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1865 trasteros y 45 locales a Azora Gestión por doscientos millones. La adquisición fue finalmente firmada por Encasa Cibeles, una empresa propiedad al 97,8% de ELQ Investors, que a su vez está controlada por Goldman Sachs. La empresa ya ha advertido, en un comunicado, de que la sentencia que anula la venta aún no es firme.

La demandante, beneficiaria de una vivienda de protección oficial del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) desde 2007, presentó la denuncia después de que las condiciones de su contrato empeoraran drásticamente desde que el gobierno regional vendiera su casa a un fondo buitre. Todo ello a pesar de las declaraciones del presidente en aquel momento de la CAM, Ignacio González, de dudosa credibilidad, que aseguró que las condiciones para los inquilinos continuarían siendo las mismas. Pero a la demandante se le anuló la reducción del precio del alquiler del que disfrutaba e inició la reclamación.

El fallo judicial le da la razón, indicando que la afirmación del IVIMA  de que las promociones “no son necesarias” por lo que procede a su enajenación no está justificada. Es decir, no se explica la razón por la que dejan de tener utilidad “cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”. Teniendo en cuenta, además, que se encontraban ocupadas en un 80%.

Además, el juez añade que tampoco se tuvo en cuenta que un acuerdo semejante, que incluía la venta a un tercero y en un solo acto, de un número tan elevado de viviendas, supone una alteración de todo un programa de actuación del IVIMA, lo que habría necesitado una aprobación del consejo de administración de la empresa pública.

En un primer momento, la jurisdicción contencioso-administrativa desatendió a los afectados. Y ha sido el Tribunal Supremo el que, a finales de noviembre del año pasado, obligó a este juzgado a revisar su caso.