La Junta de Extremadura no parece tener ninguna intención de cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a demoler el complejo turístico residencial construido en Valdecañas, en una zona protegida por la Red Natura 2000. Y para ello está dispuesta a sacar la artillería y proteger el complejo y a sus inversores con uñas y dientes.

No parece que indique otra cosa la utilización del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas como ejemplo de iniciativa turística de interior, durante un curso de verano de la Universidad de Extremadura celebrado en Navalmoral de la Mata (Cáceres). El curso, mero intento de justificar lo injustificable y salvar lo condenado por sentencia del Supremo, está patrocinado por el Gobierno de Extremadura y el ayuntamiento de esta localidad, es decir, con dinero de todos se va en contra de una sentencia judicial.

La urbanización declarada ilegal y condenada a la piqueta está situada en una isla del embalse de Valdecañas (Cáceres). En febrero de éste año el Tribunal Supremo ordenó su derribo por considerarla ilegal.

La Junta de Extremadura se resiste a cumplir la sentencia del Supremo -curioso país éste en el que las administraciones públicas se niegan a cumplir las sentencias judiciales- alegando que la demolición sería muy gravosa, estiman que alcanzaría los 34 millones de euros, afirmando además, en el colmo de la desvergüenza, que el medio ambiente sale ganando si se deja como está. Tanto Ecologistas en Acción, como Adenex, han contestado los argumentos de la Junta negando con rotundidad lo esgrimido: ni sale a ese precio el derribo ni mejora el medio ambiente con la urbanización de la isla.

Tanto Ecologistas en Acción, como Adenex, estimas que la celebración del curso y la visita de los participantes a la isla de Valdecañas, está fuera de toda lógica y demuestra la intención real de la Junta en ésta actuación, que es la de hacer caso omiso a la sentencia del Supremo y no demoler aduciendo problemas económicos. Sería interesante conocer el flujo de intereses económicos que se mueven en la sombra, sin olvidar la utilización escandalosa que se está haciendo del dinero público para salvaguardar intereses privados en contra de una sentencia en firme. También critican el papel jugado por la Universidad de Extremadura como portavoz de una actuación ilegal, insostenible, y destructora del medio ambiente.