La Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador, con previsibles multas, a cinco bancos por no ofrecer sus viviendas de protección oficial (VPO) a los registros municipales de demandantes. Las multas derivadas de estos procedimientos pueden ascender a 11,1 millones de euros. Las entidades expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros públicos), BBVA (29), La Caixa (32), Banco Santander (24) y Banco Sabadell (3). Los bancos no están acostumbrados a sufrir multas por sus actividades asociales.

La obligación por parte de las entidades financieras de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros municipales está fijada en la ley de VPO, integrada en la ley andaluza de la Función Social de la Vivienda, la conocida como ley antidesahucios. En el caso de BBVA, Banco Santander y La Caixa, los expedientes se han abierto por viviendas a su nombre o de sociedades inmobiliarias de su propiedad. El Banco Popular es el que se expone a las multas más elevadas, de hasta 5,82 millones de euros. BBVA, a 2,4 millones; La Caixa, a 1,92; el Banco Santander, 1,44 millones; y el Sabadell, a 180.000 euros en multas. Si la Ley se extendiera al resto del Estado se dispondría de más viviendas para los desahuciados y se recaudaría a costa de los que no tienen costumbre de aportar.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendidos de forma cautelar varios artículos de la norma andaluza recurridos por el Gobierno central del Partido Popular. Pero la obligación por parte de los bancos de informar sobre sus viviendas públicas y ponerlas a disposición de los registros municipales son dos de los apartados de la ley antidesahucios que no fueron impugnados, por lo que siguen en vigor. A lo que parece las entidades financieras pensaban que todo iba a seguir igual y que ni las multas ni los expedientes iban a llegar.

Entre los cinco bancos suman 185 viviendas que no han sido ofrecidas a los registros municipales, los encargados de fijar los mecanismos de selección para la adjudicación de VPO y los requisitos socioeconómicos para el acceso a estos inmuebles. Estas entidades entregaron a la Junta el inventario de sus VPO, una obligación recogida en la ley antidesahucios. Ha sido al cotejar esa información con la existente en los registros públicos de demandantes cuando la Junta se ha percatado de que al menos 185 de las viviendas protegidas que las entidades admitían tener no constaban en los listados de sus correspondientes municipios, cuestión esta que infringe la ley andaluza.

La Junta de Andalucía ha advertido de que estas VPO no son las únicas sin asignar a los registros públicos, pero sí las que ha podido acreditar por ahora su departamento a partir de la información remitida por las propias entidades financieras tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda.

Por provincias, hay 43 VPO afectadas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva. Cada VPO protegida que no haya sido ofrecida al registro municipal puede suponer una infracción muy grave que, según la ley antidesahucios, puede acarrear multas de entre 30.001 y 120.000 euros. La Consejería ha iniciado el procedimiento con la sanción media, de 60.000 euros, al no apreciar en principio ningún aspecto atenuante ni agravante de los recogidos por la ley.

El Banco Sabadell ha sido el único de los bancos expedientados que este jueves se ha pronunciado sobre la decisión de la Junta. La entidad ha recurrido el procedimiento abierto porque entiende que ha cumplido con los requerimientos de información solicitados por la Junta, pero no con la de remitir también la información a cada uno de los Ayuntamientos. El banco ha regularizado ya la situación informando a los registros municipales.

Los expedientes abiertos ahora se suman a los que la Junta ya había iniciado contra la Sareb (el banco malo). En este caso, la entidad se expone a dos multas, una de 120.000 euros por no comunicar su inventario de VPO y otra de 109 millones por no ofrecer a los registros municipales las 911 VPO de su propiedad.