«No queremos más tragedias como la de ayer» son las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos,  en el Senado, refiriéndose al suicidio por desahucio de una mujer el pasado lunes en Madrid, durante la presentación de una serie de cambios que se van a impulsar en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, el Gobierno articulará cambios en los procedimientos de desahucio para diseñar un «proceso especial» para las personas que se encuentren en una «situación vulnerable» con el fin de evitar que vuelvan a registrarse «situaciones trágicas» visibles o silenciadas.

Con esta intención, el Ejecutivo modificará la Ley de Enjuciamiento Civil, impulsando una mayor coordinación con los servicios sociales en casos de desahucio, de forma que los procesos de levantamiento ante impagos se paralicen hasta que intervengan dichos servicios sociales.

Estas medidas, para cambiar los procedimientos llevados hasta ahora en los casos  de desahucio, se toman en un momento en que se está produciendo un cambio importante en los desalojos de viviendas. Se están incrementando los desahucios en régimen de alquiler por impago de las rentas, frente a los de pisos en propiedad por impago de las cuotas hipotecarias. Y ello está sucediendo por un doble motivo: por un lado el descomunal incremento de los alquileres en ciudades como Madrid y Barcelona, propiciados por una política del anterior Gobierno para favorecer a propietarios y fondos de inversión frente a los inquilinos y por el otro, a la caída de desahucios hipotecarios impulsados por los bancos, en tanto no se dictamine sobre la cláusula de vencimiento anticipado que está en en Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Está por ver si el PSOE da marcha atrás en su nuevo apoyo a los bancos, con la retroactividad que pretende plasmar en la nueva Ley Hipotecaria de esta cláusula de vencimiento anticipado.

Hay que tener en cuenta que en el segundo trimestre de este año, el desalojo de pisos en renta creció un 6,1%, hasta alcanzar el 61,2% del total, mientras las ejecuciones hipotecarias cayeron un 8,5%, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial.

El cambio en los procesos de desahucio formará parte del paquete de medidas urgentes en materia de vivienda, que Fomento ultima aprobar próximamente por Real Decreto Ley en Consejo de Ministros, y que está enfocado principalmente hacia el alquiler. En este sentido se entiende el trabajo del Ministerio de Hacienda con una reforma fiscal que pretende estimular la oferta de viviendas en alquiler y moderar sus precios.

En este próximo Real Decreto se incluirá  la anunciada reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para volver a ampliar desde tres a cinco años la duración del contrato de alquiler, así como limitar a dos mensualidades de renta las garantías adicionales a la firma del contrato, garantizando que los gastos de esta formalización contractual corran a cargo del propietario de la vivienda en el caso de que sea una empresa.

La reforma de esta Ley provechará la oportunidad para  delimitar el uso del término vivienda turística para evitar que las viviendas necesarias para su primordial labor social se destinen a otros usos