En España hay unos 6 millones de viviendas vacías. La mayor parte de ellas está en manos de particulares que, dada la situación actual de caída del mercado, ni las venden, ni las alquilan y tampoco las habitan al disponer de otra primera vivienda. El resto del parque de viviendas está en  manos de las administraciones y de los bancos y cajas.

 
Como insiste la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las CC AA tienen la obligación de poner vivienda pública para los desahuciados y no lo están haciendo. El disparate es evidente, en España hay seis millones de viviendas vacías,  mientras que 400.000 familias se han quedado en la calle. Está sucediendo todo lo contrario, a la vez que las familias se quedan en la calle, miles de viviendas de titularidad pública son tapiadas para que no se ocupen.

 
En la Asamblea de Madrid, Rafael Mayoral, asesor jurídico de la PAH ha dicho que por ley «ya hay un cupo de especial necesidad en el Instituto de la Vivienda de Madrid que debería haberse cumplido y que se está sistemáticamente incumpliendo». Mientras, la alcaldesa Botella vende viviendas públicas a empresas, que esperan hacer negocio con ellas.

 

Ante la presión social, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha dirigido al Gobierno central, para reclamar que impulse el alquiler de viviendas vacías como respuesta al creciente problema de los desahucios. No una Ley de Alquiler que permita desahuciar en 10 días, sino más bien todo lo contrario. Becerril, a pesar de la ausencia de datos, estima que en España existen unas 20.000 viviendas vacías en manos de los bancos; para la PAH pueden ser muchas más. Esta situación hace ineludible la creación de un registro de viviendas vacías, ya sea en manos públicas, de bancos, o de particulares.

 

Es antisocial que mientras hay personas en la calle existan millones de viviendas vacías, por ello, Izquierda Unida está proponiendo en diversos foros gravar los pisos vacíos de bancos, inmobiliarias y particulares, como sucede en muchos países de Europa. El último ha sido el parlamento de la Comunidad de Madrid, donde han propuesto la creación de un «canon parafiscal» que gravaría las viviendas vacías, unas 300.000 en Madrid, mayoritariamente propiedad de entidades bancarias y agencias inmobiliarias.

 
Según IU, el canon supondría un recargo similar al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que paga cada piso y gravaría todas las viviendas con más de seis meses en el mercado y que no estén ocupadas. Cada año que permaneciesen desocupadas se gravaría con un 10% más.

 
Además de este impuesto regional, IU propone que los municipios puedan incrementar un 50% el IBI y hasta el 100% cada año que sigan vacías esas viviendas.

 

Estas medidas supondrían una inyección de liquidez a las Administraciones Públicas y un acicate para el alquiler, a la vez de desincentivar la especulación inmobiliaria.