El gobierno municipal donostiarra asume desde hoy un protocolo de actuaciones ante los desahucios. Dentro de éste protocolo penalizará a las entidades financieras que los lleven a cabo, apoyará a los donostiarras que se vean afectados por estas medidas, y amparará a los funcionarios municipales que se nieguen a colaborar con estas actuaciones.

 

El protocolo es un listado de medidas que la administración municipal se compromete a llevar a cabo para defender a los ciudadanos donostiarras y conseguir que no se ejecuten deshaucios en la ciudad. El concejal de Bienestar Social, Jon Albizu, ha explicado que, tan pronto como el consistorio tenga noticia de la medida,  el Ayuntamiento se pondrá en contacto con la entidad bancaria que inicia el  procedimiento de desahucio «para exigir la paralización indefinida» del mismo. La administración municipal «revisará las relaciones económicas, institucionales y de colaboración» con los bancos en función de la actitud que adopten respecto a los lanzamientos, lo que quiere decir que «priorizará» a futuro las relaciones con las entidades que no realicen desahucios.

 

Jos Albizu ha recalcado que el gobierno municipal exigirá esta actitud «especialmente» a Kutxabank. Dentro de éste protocolo a seguir, el Ayuntamiento informará a la ciudadanía de la actitud que mantenga cada institución financiera respecto a este asunto, para que los ciudadanos obren en consecuencia; «amparará a los trabajadores municipales que rehúsen materializar procedimientos instados desde los tribunales»; ofrecerá asistencia jurídica y asistencia primaria a los donostiarras que se vean afectados por desahucios de su primera  vivienda. En caso de no lograrse la paralización del desahucio, y a la hora de ofrecer una solución de urgencia a quienes pierdan su vivienda habitual, «el Ayuntamiento tomará como referencia principal el alquiler social».