Las ejecuciones hipotecarias iniciadas en los juzgados españoles en los nueve primeros meses del año ascendieron a 58.604, un 12,9% menos que en el mismo periodo de 2012, según la estadística presentada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre julio y septiembre, se registraron 17.009 ejecuciones hipotecarias, un 16,3% menos que el trimestre anterior, cuando la cifra fue de 20.323. Las comunidades con más lanzamientos fueron Cataluña (3.885), Comunidad Valenciana (2.459) y Madrid (1.671)

El descenso se produjo en la mayor parte de las comunidades, especialmente en la Comunidad Valenciana, con un descenso del 35,8 % en los nueve primeros meses de 2013, seguida de Navarra (-29,9 %) y Baleares (-25,8 %), mientras que en Asturias las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 13,4 %, en Galicia un 3,5 % y en Castilla y León un 2,7 %.

El Código de Buenas Prácticas, promovido por el Gobierno central para fomentar esta práctica, que consiste en saldar la deuda con la entidad bancaria a cambio de la entrega del piso, ha excluido a un tercio de las familias afectadas por un proceso de desahucio, según una encuesta estatal de más de 11.000 casos realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y publicada el pasado 10 de diciembre.

El motivo es que las hipotecas contraídas por la mayoría de afectados tenían un valor superior a 200.000 euros, cifra que marca el Código como límite para acogerse a la dación. Debido a esto tras la ejecución hipotecaria la familia queda en la calle y con la deuda. En las dos principales ciudades españolas el número de afectados aumenta: el 51,09% de los afectados por las ejecuciones hipotecarias de Barcelona y el 48,5% de Madrid no se ha podido acoger a la norma, hecho que según la portavoz de la PAH, Ada Colau, hace que el Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, sea una medida “pensada para los bancos, no para las personas”. Colau también ha alertado que el número de excluidos por el código puede ser mayor debido a cuestiones relativas a los avales presentados en el contrato hipotecario, los ingresos anuales de las familias y otros criterios de exclusión social.
Para el próximo año Colau teme que la cifra de desahucios se mantenga e incluso pueda incrementarse debido al vencimiento de las renegociaciones hipotecarias.