La Comisión Europea envía a España ante el Tribunal de Justicia europeo, acusada de  incumplimiento de la normativa hipotecaria de la UE. La opacidad en la normas hipotecarias y la escasa protección del consumidor al suscribir una hipoteca son las causas del nuevo varapalo a España y su Gobierno. Antes de que esto sucediera ya el Tribunal Europeo ha ido dando la razón a los consumidores españoles hasta en siete demandas presentadas y ganadas. Pero a pesar de la amonestación pública nuestro Gobierno continúa sin cumplir la obligación de trasponer la directiva europea a nuestra derecho. Y el plazo para cumplir venció hace un año.

No es España el único país que incumple las leyes europeas de protección a los hipotecados, el tirón de orejas comunitario nos coloca al nivel de Croacia, Portugal y Chipre.

La costumbre de proteger a la banca por encima de los derechos de los consumidores es vieja en nuestro país, y hasta ahora, con nuestro gobiernos y leyes, no se había podido hacer nada para cambiar la situación. Sin embargo, desde la entrada de nuestro país en la Unión Europea, ya no es ni nuestro Gobierno ni nuestras leyes quienes dicen la última palabra en los derechos de los consumidores. Las leyes europeas están por encima. Y por eso, hace ya dos años, que Bruselas inició el procedimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de trasladar a nuestro derecho las normativas comunitarias.  Pero la presión de los bancos y los personajes infiltrados en ambas direcciones, han podido más que los derechos de 45 millones de españoles.  A estas alturas, nuestro «preocupado» Gobierno continúa sin enviar siquiera un borrador de medidas a adoptar, ni calendario ni mucho menos una legislación adecuada. De ésta manera será el Tribunal Europeo el que tome medidas y nos sancione en forma económica, que pagaremos entre todos, si lo ve conveniente.

Y a pesar de todas las excusas que se avanzan desde el Ministerio de Economía, para justificar la situación: gobierno en funciones,  complejidad legislativa, exceso de legislación…la realidad es que los intereses bancarios han dificultado la toma de decisiones y ahora, con un Gobierno en minoría en la cámara,  deberá consensuarse la normativa y buscar apoyos para hacerla lo más «suave» posible con los intereses de los de siempre. Y va a ser difícil porque la sensibilidad de los perjudicados es grande y ahora tiene quien les defienda en el Parlamento.

No son cuestiones sin importancia las que han dado origen a esta nueva denuncia de España y su Gobierno; cuestiones que dañan al consumidor -que somos muchos- y benefician a los bancos. La cláusula suelo, la opacidad en la información suministrada por las entidades financieras a la hora de formalizar una hipoteca y también los desahucios.  Los bancos ya han salidos trasquilados con la cláusula suelo, a pesar de las expectativas que tenían,  si vuelven a salir malparados por la forma en que se han realizado los desahucios en nuestro país- y llevamos más de 500.000- la situación le podría poner al borde de la crisis de nuevo. Pero eso no es excusa para ningunear al más de medio millón de familias que se han quedado en la calle y arruinadas de por vida. La culpa hay que buscarla en los apetitos desmedidos de los banqueros y en los que no cumpliendo con su obligación, dejaron de trasponer las Directivas -incluida la de 1993, sobre el procedimiento que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago- que ha ido promulgando la UE en protección de consumidores y créditos hipotecarios.

Tampoco es que la actuación del Ejecutivo comunitario haya sido modélica y eficaz. Que dejar a los consumidores españoles en clara situación de inferioridad frente a otros europeos ha sido culpa suya y de su escasa diligencia. Aunque seguro que el largo brazo del lobby bancario tiene bastante que ver, junto con el victimismo de los «pobres bancos», que podrían ver gravemente perjudicados sus resultados financieros, si la normativa de los desahucios cambia ahora, aunque mucho más si lo hubiera hecho hace nueve años cuando el drama comenzó a visibilizarse. La normativa se mantuvo, los desahucios se agudizaron y a pesar de todo, los bancos continuaron dando beneficios anuales a costa del sufrimiento de ese  medio millón de familias desahuciadas y un rescate bancario que nos ha costado más de 100.000 millones, socializados entre todos nosotros. Pero si los desahucios practicados son ilegales por indefensión  y la retroactividad es la norma que está siguiendo el TJUE, el problema de los centenares de miles de familias que se quedaron en la calle podría tener visos de solución aunque, eso sí, la patata caliente estará de nuevo en manos de los bancos y de rebote del Gobierno.