Que el clero católico en general y el español en particular tienen muchas debilidades humanas y carecen de las virtudes divinas es algo que ya sabíamos hace tiempo. Y las actuaciones del anterior cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela,  con el divino ático que se compró, para poder ver La Almudena todos los días, no hicieron sino reforzar nuestra opinión. Pero no estaba todos visto y Rouco tiene dignos herederos en su amor por el dinero y las malas costumbres mundanas.

Y aquí tenemos el botón de muestra, el magistrado del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, Eloy Hernández Lafuente, ha condenado al Obispado de Cádiz y Ceuta a pagar 6.977 euros a una mujer de 70 años que trabajaba como limpiadora y portera del convento de clausura de las Capuchinas de San Fernando sin estar dada de alta en la Seguridad Social y sin cobrar ninguna retribución, salvo el disfrute del uso de una vivienda de la que, además, ha sido desahuciada por la Diócesis, asunto que aún está pendiente de resolución judicial.

El fallo del Juzgado de lo Social, contra el que cabe recurso, estima en parte la demanda presentada por Carmen Guerrero, de 70 años, que reclamaba la extinción de la relación laboral por haber estado 44 años trabajando sin haber sido contratada ni recibir retribución económica alguna, lo cual le impide, además, cobrar ahora una pensión de jubilación.

Pero el magistrado sólo considera probado la existencia de una relación laboral con el Obispado a partir del 24 de enero de 2017, cuando las monjas de clausura que ocupaban el convento se marchan a El Puerto de Santa María y la Diócesis se hace cargo del edificio.

No es la única actuación polémica del Obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor Rafael Zornoza Boy.  Carmen Guerrero y su marido residían desde hacía 40 años en una vivienda  que se encontraba dentro del convento. Y tras la marcha de las monjas el Obispado decidió que debían desalojar la vivienda, para lo que sin negociación ni explicaciones les remitió un burofax ordenado el abandono de la casa. Medida que se añade al despido de más de 20 trabajadores del Obispado desde la llegada de Rafael Zornoza.

La situación no ha pasado inadvertida y una plataforma gaditana, formada por más de un centenar de laicos y seglares y denominada Iniciativa Galilea, ha enviado recientemente al Vaticano un amplio informe con documentación sobre los despidos, los desahucios, el cierre de un centro para atención a migrantes y otras actuaciones polémicas del Obispado de Cádiz y Ceuta durante el mandato de Zornoza Boy, a quien achacan una gestión “neoliberal” basada únicamente en la rentabilidad económica y muy alejada de los principios evangélicos y cristianos.