La cerrazón del Gobierno de ir en contra de toda la legislación social andaluza no le está ayudando a levantar sus expectativas de voto en la Comunidad y además el recurso puede salirles mal. Así lo entienden los expertos consultados por la Consejería de Fomento y Vivienda que han dado la vuelta a los argumentos esgrimidos por el Gobierno para recurrir al Tribunal Constitucional la ley andaluza de la función social de la vivienda.

Ambos expertos, Ángel Vilariño, consultor financiero y ex director general financiero de Caja Madrid, y Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, entienden que la norma andaluza no solo no supone un “peligro” para la estabilidad del sistema financiero, como alega el Ejecutivo central, sino que incluso puede tener un efecto positivo en la recuperación económica, eso sin olvidar los beneficios sociales que puede tener la población andaluza. Por lo tanto ven que el recurso puede prosperar.

Elena Cortés, consejera de Vivienda (IU) ha encargado a Vilariño y Torres dos informes para incluirlos en el anexo de las alegaciones que ha presentado contra el recurso del Gobierno. El Constitucional suspendió cautelarmente la ley antidesahucio andaluza en enero, tras admitir a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al que preocupa que Andalucía mejore y que sus medidas puedan contagiarse.

El Gobierno del PP basó su impugnación en que la norma andaluza incrementaría la prima de riesgo, haría desaparecer la propiedad privada, provocaría el “colapso de la economía española” y pondría en peligro la “reestructuración del sistema financiero”. Vamos, que podría ocasionar un terremoto financiero que pondría en grave riesgo la recuperación conseguida que, por otro lado, nadie salvo el Gobierno contempla.

Vilariño llama la atención sobre el hecho de que estas afirmaciones se apoyen en el informe de estabilidad del Banco de España de noviembre de 2012 en vez de en el de noviembre de 2013, que presenta mejores datos. También obvia el recurso, advierte el experto, el fin del rescate bancario declarado por el Eurogrupo y las declaraciones de Rajoy y varios de sus ministros acerca de los primeros signos de la recuperación. Está claro que los raseros son distintos y para Andalucía se deben utilizar los malos.

Pero además, el consultor censura, sobre todo, que el Gobierno sustente sus afirmaciones en una carta de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea que, según Vilariño, ofrece solo “opiniones” que no se basan en evidencias científicas. Por el contrario, el experto consultado por la Junta analiza los datos del INE y de la sociedad de tasaciones Tinsa y concluye que en los meses en los que ha estado en vigor la norma los precios de la vivienda han caído en Andalucía menos que en el resto de España.

Torres, por su parte, coincide en advertir que las acusaciones del Ejecutivo son meras hipótesis que no se apoyan en datos y señala que el recurso del Gobierno atribuye a la ley andaluza culpas que no son suyas, como la de la caída del valor de la vivienda. La norma andaluza, al impulsar el mercado del alquiler, podría contribuir a aliviar el stock de viviendas de los bancos y a mejorar la situación económica de las familias al reducir la factura mensual familiar en este concepto. Pero parece que esto no interesa ni al PP de Madrid ni a los sucesores del camarada Arenas que ahora tiene más altas miras en Génova.