Encasa Cibeles, la entidad participada por Goldman Sachs y la inmobiliaria Azora, compró a el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) un lote de 3.000 viviendas. Ahora pretende cambiar las normas por las que se regían estas viviendas. Pese a que en agosto, cuando se efectuó la venta, ambas entidades acordaron que las condiciones de alquiler o de alquiler con derecho a compra de los inquilinos no iban a cambiar, meses después, cuando algunos de los inquilinos están a punto de alcanzar el plazo para optar a la compra de su vivienda, estos denuncian que las condiciones sí han cambiado.

El precio de tasación de estos pisos es de unos 70.000 euros, al cual hay que añadir un coeficiente de actualización, que según el último decreto de julio de 2013 debería ser de un 1,5, y a lo que se debería descontar el 50% de las cuotas pagadas estos siete años. El problema es que ahora Goldman Sachs-Azora pretende vender estos pisos por unos 140.000 euros más IVA. Esto es lo que denuncian diversos vecinos que añaden que ese precio es el de tasación multiplicado por un coeficiente de actualización del 2%, en lo que no están de acuerdo ya que el precio se dispara enormemente al aplicar ese medio punto de más.

A día de hoy, 52 familias de la Ventilla en Madrid han recibido una oferta de venta del inmueble de la empresa de Goldman Sachs-Azora, al haber transcurrido siete años desde que comenzaron a vivir en su vivienda. Sin embargo, durante el proceso de enajenación de las casi 3.000 viviendas compradas por Encasa Cibeles se produjo otro cambio destacado en la regulación. El 22 de julio, un mes después de que se realizara la oferta de enajenación, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó, a propuesta del Partido Popular, un cambio en la normativa de vivienda protegida que contemplaba, entre otras medidas enfocadas a favorecer la venta de inmuebles, la opción a compra a partir del primer año, derecho que antes se podía ejercer entre el quinto y séptimo año después de la entrada en la vivienda.

La venta de vivienda pública al binomio Goldman Sachs-Azora trae otra preocupación aún mayor para los inquilinos: la subrogación de obligaciones de la nueva propietaria en favor de las familias arrendatarias no incluye las subvenciones al alquiler que el IVIMA sí ha estado aprobando a parte de las familias adjudicatarias.

El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) era titular de 23.000 viviendas a inicios de 2013 en toda la región. En la actualidad tiene en sus manos 16.800 viviendas. Es decir, la política actual de venta de activos, denominada eufemísticamente por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, como «rotación de activos» ha supuesto la desaparición de cerca de la cuarta parte del parque inmobiliario de la entidad.

Los responsables del IVIMA no saben, a día de hoy, cuántas viviendas están ocupadas ni cuántas vacías, según los informes de la Cámara de Cuentas de la CAM. Mientras eso sucede, hay 3.500 expedientes de personas que optan a una vivienda de la entidad y que están pendientes de resolver