El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha llevado adelante su planteamiento y ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de desahucios exprés. Tal y como expresó en su momento, el Grupo entiende que esta ley vulnera el derecho a la vivienda y la inviolabilidad del domicilio, recogidos en la Constitución, vulnerando también  el principio de tutela judicial efectiva recogido en la Carta Magna, ya que permite ejecutar desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables.

Hay que señalar que la ley de desahucios exprés no tienen aún cuatro meses de vida ya que fue aprobada en abril con los votos del PP, Ciudadanos, PNV y PdeCat, y entró en vigor el pasado 12 de junio.

En el recurso planteado por Podemos, se argumenta que la ley «vulnera la Constitución y los Tratados Internacionales en relación con el derecho a la vivienda. Pero no sólo esto, sino que según Podemos, la ley ignora el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa de los afectados, ya que permite ejecutar el desahucio en tan solo cinco días impidiendo la posibilidad de alegar si los ocupantes no pueden demostrar su derecho sobre ella en ese plazo de tiempo.

Abundando en la situación creada tras la puesta en marcha de la ley exprés, el recurso de Podemos alega que la misma vulnera el derecho a la vivienda ya que: «Permite ejecutar los desahucios sin garantizar la alternativa habitacional, y tampoco cuenta con medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad».

Es cierto que aunque la ley excluye en su aplicación a gestores privados de vivienda social, bancos, socimis y fondos buitre, en realidad esta ley podría ser utilizada de forma fraudulenta por parte de fondos buitre, que han comprado a los bancos a precios de saldo gran cantidad de viviendas habitadas por familias, como ha sucedido en Madrid. Estas viviendas podrían haber sido ya transmitidas a personas físicas vinculadas directamente con dichos fondos para eludir la normativa y que indirectamente estos fondos buitre, empresas o socimis puedan invocar la ley exprés para desahuciar a familias que tendrían que estar protegidas de este procedimiento.