No es difícil poner inicio y nombre al conjunto de desatinos interesados que han llevado a la vivienda a una situación nunca vista antes. Todo comenzó con la luminosa idea de Rodrigo Rato, una de las tantas que terminarían conduciéndole a Soto del Real, de liberalizar el suelo y cambiar la Ley de 1990 del PSOE. Una ley igualitaria e intervencionista, que había logrado un nulo incremento de precios e incluso un descenso de la inflación inmobiliaria durante la crisis de 1992. El Ejecutivo de Aznar plasmó la idea de Rato en la Ley del Suelo de 1998 y a partir de ahí comenzó a fraguarse el gigantesco despropósito en el que nos encontramos en estos momentos. Por supuesto faltaban actores y leyes, pero al calor del dinero todo es posible, como lo demuestra la bandada de buitres que al olor de la carroña del 2010, se hicieron con decenas de miles de viviendas.

Y llegaron los políticos  x 17, y terratenientes y bancos, constructoras y maletines.  La Ley de Rato lejos de bajar el precio de la vivienda, como habían asegurado que pasaría, comenzó a subirlo de forma exponencial.  Y es que el poder otorgado a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, para decidir los suelos urbanizables o no, trajo la corrupción y más pelotazos que los que se ven todos los domingos en la tele.

Eso sí, la economía comenzó a funcionar como nunca; al amparo de los centenares de miles de millones que los españoles trajeron del futuro, endeudándose hasta la esclavitud, se generaba empleo y riqueza, comenzando a hablarse de un “milagro español” que causaba la envidia en Europa. Y tan encantados estaban Aznar y su banda, que comenzaron a promulgar leyes a capricho de la banca, que se había convertido en el eje central del crecimiento financiero, y que sabía que las necesitaría cuando millones de españoles tuvieran que acercarse a pagar la fiesta.

La interesada ceguera de los que dirigían la economía, consiguió que el sector de la construcción pasara a representar el 5% del PIB, fabricando pisos en patatales y endeudando a la población, que los compraba a precios desorbitados, porque al mes siguiente valdrían más.

Soterradamente, sin que la sinrazón especulativa que todos vivíamos nos permitiera percibirlo, el entramado legal que protegía las estafas bancarias comenzó a crecer y fortalecerse. Había que ir preparando el terreno para convertir a la necesaria vivienda en un bien especulativo que pasara a ocupar un lugar privilegiado en las páginas salmón. Y en ese camino nos metimos en 11 millones de hipotecas en una década, muchas de las cuales fueron titulizadas a partir del 2012, generando beneficios al sistema financiero internacional.

El sector inmobiliario, que no lo olvidemos debería garantizar el acceso a la vivienda a todos los españoles, se ha convertido en foco de interés para los inversores rentistas de todo el mundo, que han huido despavoridos de los bajos o nulos intereses que reciben de los bancos y de los riesgos inherentes a los sistemas productivos. Estamos sufriendo las consecuencias de la expansión hasta el infinito de la deuda, en una mortal carrera que tan sólo puede traer de nuevo una crisis financiera mundial cuando alguien le meta un palo en las ruedas. Y cuando el coste de la vivienda más sus suministros, supera ya al 50% de los ingresos medios, es mejor poner las barbas a remojar, porque el sistema está sangrando demasiado a los que al final sustentan la economía – no tiene otra solución en esa carrera loca por los beneficios- y podría producirse una desgracia.

No sabíamos en el 2012, con los desahucios floreciendo y el rescate a la banca en ciernes, que lo peor estaba por llegar. Y es que sin darnos cuenta pasamos de un capitalismo productivo y expoliador de recursos, que necesita aumentar el PIB por encima del 2% para generar riqueza y empleo, sin considerar que los recursos, como el planeta, son finitos, a un capitalismo financiero, basado en el negocio bancario, que expande la deuda mundial hasta el infinito, apoderándose de la riqueza de todos y que es inestable por naturaleza, pasando su factura de crisis cada cierto tiempo.

Y en este proceso la vivienda ha jugado un papel fundamental para generar una deuda avalada, que de cualquier otra forma hubiera sido imposible de conseguir. Y en ese camino infame, la banca se ha cruzado en la política de vivienda apoderándose de los recursos nacionales y endeudando a los países. España ocupa el puesto del deshonor en la tabla internacional de gasto en vivienda, con 70.000 millones de desgravaciones a la vivienda habitual y 100.000 millones de beneficios fiscales a las rentas inmobiliarias en los diez años que van del 2004 al 2014. A ello hay que sumar miles de millones de regalos en forma de suelo público y ventajas en la promoción de la VPO de venta. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el rescate bancario, con más de 66.000 millones en directo y que fueron a parar al ladrillo tóxico.  Y sin embargo, como puro sarcasmo, estamos a la cola de la vivienda social en Europa, con un 1,5% cuando países de nuestro entorno superan el 15%.

Y tras la fiesta llegó la hora de los pagos, para que fondos y organismos financieros internacionales, que habían metido manos y pies en la vivienda de los españoles, lograran sus buscados beneficios. Y comenzó la violencia inmobiliaria. Con los políticos y jueces como aliados incondicionales. Jamás cuestionaron la legalidad del negocio a costa de los sufrimientos y bancarrota de todo un país, tan sólo intentaron paliar el drama de los desahucios con medidas inoperantes. Y así, a los lanzamientos por impago de la hipoteca sucedieron los de impago del alquiler, poniendo de manifiesto la absoluta impotencia de leyes y políticos para hacer frente a la violencia inmobiliaria. En su entrega a los poderes financieros, continúan diciendo “tienen la Ley de su parte, vivimos en un estado de derecho, hay que respetar la propiedad…”. Pero ignoran el artículo 128 de nuestra Constitución “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Los activos inmobiliarios, embargados u obtenidos por medio de la dación en pago, que es una forma vergonzosa de que el banco, que no ha arriesgado sus activos, se quede con la vivienda y esclavice a sus propietarios con deudas de por vida,  han sido comprados mayoritariamente desde paraísos fiscales por fondos de inversión, que utilizan sistemas opacos para saltarse cualquier norma nacional, distribuyendo las viviendas en decenas de sociedades mercantiles y negando el derecho de tanteo y retracto de los expoliados; por supuesto, el precio que pagaron por el activo es generalmente inferior al que los legítimos propietarios habían pagado ya por él. Y nuestros implicados dirigentes les continúan protegiendo con la creación de figuras societarias favorables y libres de impuestos: las socimis.

Todo el sistema bancario-político-judicial funciona como un lobby, trabajando por el sistema financiero. Y cuenta con los suficientes recursos económicos para comprar, corromper y desinformar,  manejando las leyes a su antojo y creando pesebres en los lugares críticos. Así, extienden el problema y hacen mayor la bola, convirtiéndola en inmanejable. Por poner un ejemplo de los logros del lobby, basta con observar como las entidades financieras se presentan en los juzgados para ejecutar las garantías hipotecarias; garantías de las que ya no dispone pues las han vendido a un fondo de titulación, eliminándolas de su balance para poder continuar endeudándose y seguir en la rueda. Y los jueces se lo permiten

Ya ha pasado el tiempo de controlar el sistema con reformas, es un cambio radical e internacional en la legislación el que se necesita. Y el primero de ellos pasa por la eliminación de todos los paraísos fiscales que es el lugar de residencia del problema y cuya existencia consigue que los trabajadores y las clases medias y populares sustenten el peso del sistema fiscal del estado español, librando a las grandes empresas y entidades creadoras de la deuda y únicas beneficiadas.

Por desgracia el lobby es todopoderoso y dispone de muchos medios para distraer la atención y señalar con el dedo a sus enemigos, tachándolos de populistas, comunistas, antisistema, antiespañoles y un largo etcétera que todos conocemos. Al igual que a sus aliados, aquellos que defienden el libre mercado porque lo controlan y el interés privado frente al público, que es el de todos. Aliados a los que dotan de recursos suficientes y una credibilidad gestada en los medios y vestida de nacionalismo, ya sea catalán o español. Son las leyes que atacan a sus beneficios y derechos, comenzando por las fiscales, sus verdaderos enemigos y son por lo tanto las que deberemos mejorar o cambiar para retomar el control de nuestra economía. Pero como siempre, ¿quién le pone el cascabel al gato?

Eduardo Lizarraga

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