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La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha anunciado que va a proponer que las personas que ocupan las 80.000 viviendas sociales de la Junta y que no puedan pagar el alquiler realicen trabajos para la comunidad, lo que afectaría al 10% de estos inquilinos. La consejera ha bautizado esta propuesta como “alquiler compensado” y la ha incluido en el plan andaluz de rehabilitación de la vivienda. Esta medida se suma a la anunciada por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que anunció la semana pasada que se aseguraría el suministro de luz y agua para los hogares más pobres.
Tras apuntar Cortés que ya existen dos iniciativas piloto de esta propuesta —en Los Palacios (Sevilla) y en Pico Aneto (Córdoba)—, ha recordado que el parque público de viviendas de Andalucía es el más grande el país, con 80.000 casas repartidas en 550 municipios. Según ha explicado la consejera, el objetivo de la Junta con esta medida es conseguir que ninguna de las familias que viven en estas casas sea desahuciada “tras contraer un exceso de deudas”.
Cortés ha defendido las medidas de su departamento, como la expropiación temporal de viviendas a los bancos, ya que buscan superar los problemas con “alternativas”. Además, ha insistido a los Ayuntamientos que bonifiquen hasta el 95% las cuotas del IBI, como permite la ley, para estas familias, como se hace con la Iglesia.
La consejera de la Junta ha señalado también que la rehabilitación de viviendas y las actuaciones para mejorar su eficiencia y energética son motores para reactivar la construcción cuyo auge no solo dejó consecuencias “terribles” para el empleo en Andalucía, con la destrucción de 215.000 de los 230.000 creados en esa época, sino también para el “paisaje urbanístico”, que acumula más de 700.000 viviendas vacías.
La consejera ha precisado que se ha hecho una evaluación energética a 30.000 casas y aún queda un inmenso trabajo por hacer. También ha afirmado que gran parte del parque residencial andaluz está compuesto por edificios con más de 30 años de antigüedad y que el 60% se levantó antes de 1979, cuando se aprobó la primera norma de requerimientos energéticos. Además, ha precisado, el porcentaje de la rehabilitación en la región en relación con el total del sector de la construcción no llega al 30% frente al 41% de la media europea. Por ello, ha considerado que “carece del menor sentido priorizar la construcción para compraventa y cobra todo el sentido defender la rehabilitación, la eficiencia energética y el alquiler”, que en Andalucía, con un 16%, no alcanza la mitad que en Europa.
La consejera ha detallado que, en 2013, la inversión en rehabilitación en Andalucía impulsada por la Junta de Andalucía será de 80,8 millones de euros, de los que 55,6 son inversión pública. Indicó que esa inversión supone la intervención en 10.352 viviendas y la creación de 7.501 puestos de trabajo.
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