Tras el decreto andaluz para intentar proteger a las familias del desahucio de su primera vivienda, las iniciativas se han ido sucediendo por Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.  A la normativa  andaluza de expropiación temporal de casas vacías (en propiedad de bancos y empresas promotoras, nunca particulares) para ofrecerlas en alquiler barato, se han sucedido otras propuestas similares por parte de los gobiernos de Cataluña y Canarias.

 

Mientras el primero, más en la línea con las directrices del gobierno de Mas, busca, con su tasa a los pisos desocupados, una recaudación pública que, indirectamente, estimule el mercado del alquiler, el segundo es casi un calco del decreto andaluz. Al mismo, el Ejecutivo de Paulino Rivero, lo califica de “solvente constitucionalmente” y capaz de dar respuesta al problema. Pero el decreto andaluz no ha gustado al gobierno del PP y eso le augura muchos problemas en un futuro cercano.

 

No son las únicas iniciativas que se están sucediendo estas semanas. Así, el  Consejo General del Poder Judicial ha firmado sendos acuerdos con los Ejecutivos de Galicia y Valencia. Por su parte, Madrid, ha puesto en manos de Cáritas, lo que está suscitando cierta polémica de parte de otras organizaciones sociales, sus pisos de alquiler barato. Sin embargo, las de Cataluña y Canarias son, junto a la andaluza, las propuestas que más rápida y abiertamente pretenden superar los limitados efectos que, según los expertos, tendrá la ley antidesahucios que pretende aprobar el PP en solitario, trámite que ya ha pasado por la Cámara Baja.

 

El Gobierno del Partido Popular ha  rechazado la propuesta andaluza y la consejera popular valenciana, Isabel Bonig cayendo en una fácil demagogia,, ha llegado a aconsejar que “ilustres socialistas y comunistas” pongan sus propiedades a disposición de los afectados.

 

Pero la realidad es que incluso los antiguos socios políticos del PP, bien sea en Cataluña, bien en Canarias, se están desmarcando ahora por la vía de los hechos. Que tales iniciativas se lancen en paralelo, mientras el proyecto de ley del Gobierno pase los trámites por ambas cámaras y continúe la movilización social contra los desahucios evidencia las pocas expectativas que alberga para la ciudadanía la ley del PP.

 

Es cierto que el proyecto del Gobierno mejora la situación actual, pero es insuficiente para poner coto a las desproporcionadas consecuencias que supone el impago de buena fe de una hipoteca que, según los criterios legales aún vigentes, impone cláusulas abusivas con escaso parangón en el resto de Europa. Situación esta que ya ha encendido la alarma en diversas instituciones europeas.

 

Permitir intereses de demora de hasta el 12%, como señala el proyecto, recorta estos a la mitad en algunos casos, pero sigue siendo excesivo. Poder lanzar un desalojo tras solo tres impagos de la cuota hipotecaria no es razonable, como no lo es cerrarse siempre a la dación en pago, que en ciertas circunstancias los propios bancos están aceptando.

 

La UE ha elaborado ya un primer borrador de directiva con estándares mínimos para evitar cláusulas abusivas en todas las hipotecas europeas. Es un primer paso que tardará años en sustanciarse. Pero las familias españolas en riesgo de exclusión social no puede esperar tanto y tampoco el Gobierno debería dejar pasar más tiempo sin dotar de mayor ambición a su proyecto. Cada día que pasa, un centenar de familias se ven privadas de su vivienda. Ninguna propuesta, sea cual sea su color político o procedencia geográfica, debiera ser desechada sin discusión y valoración.