La enésima decisión del Partido Popular para ayudar a los bancos en contra de los derechos de los consumidores y ahorrarles unos cuantos miles de millones  ha conseguido su propósito y de paso ha colapsado la no ya demasiado diligente Justicia Española.

Todo comenzó en diciembre del 2016, cuando, como ya es una arraigada costumbre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desautorizó al Tribunal Supremo español y determinó que los bancos debían devolver íntegramente (con retroactividad) el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo abusivas.  Y es que nuestro alto tribunal, con su penúltimo capotazo a los bancos , había decidido en el 2013 que estas entidades no tenían que devolver cantidad alguna con retroactividad a esa fecha.

Y ante la hecatombe que se avecinaba los bancos movieron sus hilos y consiguieron que el PP organizara el sistema de reclamación a su medida. No se entiende que no sea una reclamación y devolución automática de las cantidades percibidas de forma ilegal, sino que hay que volver a la oficina mafiosa que ya nos robó y mendigarle que nos devuelva lo que crea conveniente. Y sino hay acuerdo, que no lo habrá, dirigirnos al juzgado, sabiendo que el banco tiene suficiente departamento jurídico para amargarnos la existencia y conseguir que cobremos el día del Juicio Final por la tarde. Y de paso recurrir todas las sentencias y colapsar un sistema judicial que pagamos entre todos y del que ellos se aprovechan. Con la inestimable ayuda de sus amigos de Génova, que para eso están.

Hace poco más de año y medio, alarmada la mafia bancaria,  porque la práctica totalidad de las sentencias de los juzgados mercantiles,  con años de experiencia resolviendo cláusulas suelo, multidivisas y preferentes, se resolvían en su contra, consiguió que el Partido Popular promulgara un Real Decreto-ley, 1/2017,con fecha 20 de enero, con el que bajo el hipócrita nombre de “medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”, pretendía establecer un nuevo cauce extrajudicial para que los ciudadanos pudieran pedir la devolución de su dinero. El cliente expoliado debía acudir a la oficina local de su camorra a solicitar amablemente que se le devolviera lo desvalijado. Y el banco tenía tres meses para responder lo que le pareciera conveniente, que era siempre que no. Con lo que el pobre pollo estafado debía acudir a la Justicia.

De los juzgados mercantiles se pasó a los de primera instancia y poco más tarde, en el mes de junio, el Gobierno del momento, con una idea brillante para la banca, decidió la creación de 54 juzgados, -uno por provincia- con pocos medios y personal, para resolver todo lo relacionado no sólo con la cláusula suelo, sino con todo tipo de cláusulas abusivas. En aquel momento ya se hablaba de más de tres millones de afectados y aconteció lo previsto por banca y Gobierno, que sólo en 2017  las entidades financieras recibieron más de un millón de reclamaciones, de las que 260.000 ya están en los juzgados, consiguiendo que el sistema colapse.

En el trascurso de este primer año de funcionamiento las entidades han resuelto 52.000 demandas, apenas el 20% de media en todo el territorio, fallando en contra del banco en más del 97,6% de los casos, según datos del CGPJ. Aunque para cerrar la trampa, nuestros amigos de la Cosa Nostra están recurriendo sistemáticamente las sentencias de primera instancia, colapsando también la segunda, para disuadir a los perjudicados  y conseguir acuerdos extrajudiciales muy por debajo de las cantidades adeudadas, objetivo primero de todo esta situación que ha colapsado la Justicia, incrementado los costes y hecho caer en la desesperación a los afectados inmersos en  procedimientos judiciales.

Así las cosas, los juzgado están comenzando a dejar de fijar fechas para la celebración de nuevos juicios, al superar las listas de espera el plazo de un año.  Barcelona, Madrid, Gipuzkoa…son ejemplos fehacientes de lo que está sucediendo. Y en juzgados  de otras provincias se están comenzando a dar fechas para el 2020. Es decir, desde que se sale de la oficina mafiosa y se llega al Juzgado, hasta la fecha marcada para el juicio, pueden pasar más de dos años.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme,  ha sido muy claro,  asegurando que los bancos están “lastrando injustificadamente” el sistema con una “litigiosidad impostada y fácilmente evitable que consume enormes recursos públicos” porque no negocian extrajudicialmente con los clientes en los casos en los que los tribunales ya han fijado criterio. Y lo hacen, añadió, después de haberse beneficiado de “enormes ayudas públicas para superar su crisis financiera.

En el primer trimestre del año, los Juzgados especializados dictaron 13.573 sentencias, un 67,6 por ciento más que en el trimestre anterior. En total, y desde que se pusieron en marcha el 1 de junio de 2017, estos órganos judiciales han dictado 22.899 sentencias, de las que el 97,6 por ciento han sido favorables al cliente.

Con ser mala, la situación puede seguir empeorando. Y no sólo porque los afectados siguen llegando a los juzgados después de haber sido asaltados por sus bancos de nuevo, sino porque en breve se esperan dos sentencias del TJUE que pueden volver a llenar nuestro país de expoliados bancarios reconocidos por el derecho europeo. Se trata de la sentencia sobre el IRPH, índice bancario abusivo y que sin embargo ha sido reconocido por nuestro Tribunal Supremo como legal, dada la conocida perspicacia del cliente bancario español. El IRPH ha llegado a las instancias europeas y se espera que en las próximas semanas se dicte sentencia. Y no es sólo la aplicación de este índice manejado por los bancos y que ha mantenido con el euríbor un diferencial medio de más de un 3% lo que se está juzgando en Luxemburgo, sino que también nos va a llegar una decisión sobre la cláusula de vencimiento anticipado, que puede resultar mortal para nuestra particular mafia bancaria y merced a la cual han podido desahuciar, de manera ilegal, a centenares de miles de españoles durante los últimos veinte años.

¿Va a articular el actual Gobierno, que se dice progresista, similares medidas de ayuda a la banca a las que realizó el PP? ¿Irán a parar las demandas que se avecinan a los ya colapsados juzgados especiales? Volverá la banca a hacer valer sus privilegios legales? Si la justicia que se demora años ya no lo es y si tan sólo busca presionar a los afectados para que pacten con los bancos cantidades irrisorias,  habrá que decidirse a acabar de una vez con el modelo que padecemos y que este país se dote de una estructura judicial, sobre todo en sus zonas altas,  independiente, moderna y a la que Europa no tenga que corregir un día si y otro también. No se puede permitir que la mafia bancaria mantenga sus privilegios a costa de expoliar una y otra vez a los consumidores con el beneplácito de Justicia y Gobierno.

Eduardo Lizarraga

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