El CGPJ ha hecho públicos los datos del 4º trimestre de 2018, confirmando lo que se sospechaba estaba sucediendo: las cifras de los desahucios apenas descienden. Y nos sitúan en  cifras muy similares a las de los peores años de la crisis,  siendo consecuencia de una legislación que ignora el valor social de la vivienda, limitando éste a su valor de mercado, y a la que únicamente se accede en función de la renta.

  • Por ejecución hipotecaria: 18.945
  • Por alquiler:                        37.285
  • Otras causas:                     3.891
  • TOTAL:                               59.671 DESAHUCIOS

En España jamás se ha hecho una inversión suficiente y continuada en la creación de un Parque Público de Vivienda, que al menos garantizaría el ofrecer realojos y alquileres sociales a las familias desahuciadas y todas las ayudas van en la única dirección de facilitar el endeudamiento con los bancos o en la de que los grandes tenedores de vivienda cobren sus rentas, y de que grandes fondos buitre puedan acaparar cientos de miles de viviendas para especular con ellas. No solo no se ha potenciado la creación de vivienda pública, también se ha permitido que la que había perdiera esa calificación a los 25 años para pasar al mercado privado especulativo.

Se han desperdiciado en esta legislatura dos grandes oportunidades de hacer más justo y accesible el derecho a la vivienda: la ley de crédito inmobiliario, en la que el Gobierno y el grupo socialista han dado continuidad al proyecto heredado de Luis de Guindos, volviendo a sobre proteger a la banca frente a las personas, blanqueando o moderando cláusulas abusivas, no limitando la responsabilidad al bien hipotecado, no instituyendo la dación en pago como forma normal de solucionar las situaciones sobrevenidas…etc. Y la reciente actuación de la abogada del Reino de España en Luxemburgo, en el juicio por el IRPH, es una buena muestra de esta protección del PSOE a la banca.

Y la otra, la no tramitación de la Ley de Vivienda de la PAH, que contenía instrumentos suficientes para ayudar a los deudores de buena fe, para mejorar de raíz y pinchar la burbuja de los alquileres, para movilizar viviendas vacías y para acabar con la pobreza energética, entre el PP y Cs se han encargado de impedir su tramitación, porque a ellos no les importan estos casi 60 mil desahucios ni las familias afectadas ni sus sufrimientos.

Tampoco el Gobierno actual ha hecho nada por cumplir los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, legislando para impedir los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional.

La aprobación del decreto sobre alquileres, mejorando la situación existente, deja aún muy desprotegida a la sociedad en su derecho a una vivienda digna, no estableciendo herramientas para impedir los desahucios ni pinchando la burbuja de los alquileres.