Las PAH de todo el estado solicitan a los municipios españoles actuaciones para que los pisos vacíos se habiten por familias y personas sin vivienda. Porque en 2013, el Gobierno del PP ha optado definitivamente por ser el gobierno de la banca y ha usado su mayoría absoluta para legislar contra la población. Así, entre otras medidas anti sociales, ha dado la espalda a demandas de mínimos como la dación en pago, la moratoria de los desahucios o el alquiler social, a pesar de que estas medidas cuentan con el apoyo de la mayoría de la población. Por ello, desde todas las PAH se ha tenido que hacer el trabajo de la administración, forzando a bancos a negociar cientos de daciones y alquileres sociales, demostrando que sí se puede, peleando caso a caso gracias al compromiso de miles de personas.

Pero las PAH no quieren quedarse ahí. No se van a resignar a que en el estado español se sigan vulnerando los derechos humanos con la complicidad de las administraciones públicas. Así opinan que más allá de la mayoría absoluta del PP, las administraciones autonómicas y los municipios tienen mucha más capacidad de intervención de la que están poniendo en práctica. Si miran hacia otro lado, se vuelven ellas también en cómplices. Son los municipios en los que la presión social tiene que hacerse notar.

Este año, la presión de las PAH y del movimiento andaluz por el derecho a la vivienda lograron una primera ley autonómica que por fin empieza a actuar contra el comportamiento anti social de los bancos. Aunque de manera aún insuficiente, en Andalucía se recoge lo que es un clamor popular: la banca responsable de la crisis y rescatada con nuestro dinero debe facilitar los pisos vacíos que acumula para ponerlos en alquiler social. Y si no acepta negociar, debe ser sancionada y expropiada en nombre de la función social de la vivienda y el interés general.

Hoy 31 de diciembre, y gracias a la acción de presión y asesoramiento de la PAH, en Terrassa se firman las tres primeras multas de 5.000€ a bancos por vivienda vacía. Son sólo las tres primeras multas de más de 700 expedientes abiertos. Es sólo el principio de lo que debería ser una práctica generalizada en todos los municipios españoles.

El próximo viernes 3 de enero las PAH presentarán en Barcelona esta nueva campaña, con un modelo de moción en los municipios que se llevará a todos los ayuntamientos catalanes en las próximas semanas, y que se hará extensivo al resto del Estado. Sí se puede… y ahora los ayuntamientos tendrán la oportunidad de demostrar si realmente quieren.