En el municipio de Barcelona se están realizando «entre 20 y 22 lanzamientos  (desahucios) al día» de personas y familias que requerirían la  ayuda de los servicios sociales, según explicó ayer Miguel Ángel Gimeno,  presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Además de estos desahucios de primera vivienda, hay  desahucios que afectan a empresas, comercio, o segundas residencias por impago  de hipoteca, alquiler u otras obligaciones.

 
Estas declaraciones las realizó Gimeno tras la firma de un protocolo que obliga a la  colaboración institucional entre jueves, abogados, procuradores, Conselleria de  Justícia y servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

 
Es preciso señalar que los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona tan sólo recibieron  339 peticiones de asistencia por  desahucio durante el pasado año. Lo que significa menos de una por día, y que indica la insuficiencia de la  información sobre casos de necesidad que les llega. Con el protocolo firmado  ayer se quiere que llegue toda la información lo antes posible, con tiempo para  ayudar desde el primer día.
Todos los firmantes del protocolo de actuación coinciden en que la coordinación y la atención social a familias en situación de  riesgo cuando pierden su vivienda son necesarias, pero insuficientes. Hace falta  una ley más justa. En muchos casos, la ley hipotecaria no permite a los jueces hacer justicia.

 

 

El conseller Gordó, uno de los firmantes, expresó su voluntad de que  protocolos similares se apliquen en toda Catalunya, así como de impulsar en el  Parlament y en las Cortes reformas sobre normativa de desahucios en el código  civil catalán, la ley hipotecaria y la ley de procedimiento civil.

 

 

En lás últimas semanas las diversas secciones locales de la PAH  están intensificando sus presiones  sobre las entidades financieras, acudiendo en grupo a las  sucursales responsables del desahucio.

 

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