El desastre económico producido por el coronavirus en los más de cuatro meses que dura ya la situación, con la destrucción de más de un millón de puestos de trabajo y la reducción de ingresos para casi otros dos millones de personas, está provocando una peligrosa situación en el pago de los alquileres. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) calcula que la crisis ha triplicado los impagos de las rentas de los alquileres hasta el 15%.

Lo más alarmante es que apenas un 1,3% de los inquilinos han solicitado los créditos ICO, lo que indica la escasa fe que tienen los afectados en poder devolver el dinero prestado y que la vuelta del verano traerá miles de nuevos desahucios. Por ello la asociación propone la creación de un paquete de ayudas directas de más de 700 millones de euros que facilitaría el pago del alquiler a 350.000 familias vulnerables.

El impacto generado por la crisis del Covid-19 en la economía española seguirá teniendo un efecto directo en el mercado del alquiler con un incremento de los impagos de las rentas en el último trimestre del año, si no se toman medidas para hacer frente a los mismos. Las ayudas propuestas hasta el momento por las diferentes administraciones públicas no están siendo efectivas para paliar las dificultades de los inquilinos más vulnerables en el pago del alquiler, lo que está perjudicando también a millones de propietarios particulares.

En el caso de los créditos ICO, apenas un 1,3% de los inquilinos de viviendas pertenecientes a asociados de ASVAL ha mostrado interés en solicitar estos préstamos con garantía pública como medida para hacer frente a la imposibilidad de pago de las rentas de sus alquileres. Esta cifra, que se traducirá en un número de beneficiarios aún menor, confirma la escasa utilidad que está teniendo esta medida entre las familias con mayores dificultades económicas ante la imposibilidad de estos inquilinos para asumir una nueva deuda a la que no pueden hacer frente.

En el caso de las ayudas directas para el pago del alquiler de las Comunidades Autónomas, la dotación presupuestaria es insuficiente debido a la alta demanda por parte de los inquilinos. Por ejemplo, en el caso de Cataluña la partida para estas ayudas ya se ha agotado, mientras que en la Comunidad de Madrid, la demanda triplica a la oferta de los solicitantes.

Ante esta situación generalizada, ASVAL reclama un paquete de medidas de apoyo directo para los inquilinos en situación de vulnerabilidad a través de la creación de un fondo de más de 700 millones de euros para ayudar a 350.000 familias a reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la renta del 48 al 30% de sus ingresos, mediante una ayuda pública de 2.000 euros anuales por unidad familiar.

Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, explica que «los créditos ICO no están funcionando porque los inquilinos en dificultades económicas no quieren endeudarse para el pago del alquiler y acuden directamente al impago, una situación perjudicial tanto para el propietario como para el inquilino porque genera una situación de incertidumbre jurídica. Además, las ayudas directas de las CCAA, que cuentan con una alta demanda, no están siendo efectivas porque están infradotadas presupuestariamente».

Si se cumplen las previsiones de organismos nacionales e internacionales y el paro aumenta hasta el 20%, se hará aún más difícil el pago de la renta de alquiler a las familias más vulnerables en el tercer trimestre del año. Esto tendrá un importante impacto en los ingresos de muchos propietarios, la amplia mayoría particulares, que utilizan estos ingresos para completar su sueldo o pensión.

ASVAL quiere alertar también del notable incremento de las cifras de ocupación ilegal, que se ha convertido en un elemento de creciente preocupación para muchos propietarios y comunidades de vecinos. Algunas administraciones públicas, como la catalana, han desarrollado marcos regulatorios que premian el fenómeno de la ocupación frente a derechos consagrados en la Constitución como es el de la propiedad privada. Por ello, la asociación reivindica una mayor protección a la propiedad privada para frenar este fenómeno, porque en caso contrario se incrementará la inseguridad jurídica, dificultando inversiones futuras y el crecimiento del alquiler en España.