El Ayuntamiento de Móstoles, en la Comunidad de Madrid, gobernado por el PP, impondrá en 2015 un recargo de hasta un 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas desocupadas de manera permanente, la mayoría procedentes de ejecuciones hipotecarias de entidades bancarias.

Así se ha aprobado, por unanimidad, en el Pleno, una medida que se articulará a través de la actualización de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio. Ahora se tendrán que establecer unas bases sobre las que se pueda declarar una vivienda desocupada con carácter permanente, a través de parámetros objetivos como la inexistencia de empadronamiento, la ausencia de consumos de energía eléctrica o agua, el estado de abandono y un largo periodo sin ocupación que deberá determinarse también.

Además, el Ayuntamiento de Móstoles pondrá en marcha un servicio de vigilancia y control sobre los solares sin construcción que implique su adecentamiento por sus propietarios y la exigencia de vallado si fuera preciso. En caso de que no se cumplan estas normativas el Ayuntamiento podrá realizar los trabajos pertinentes pasando luego el cargo al propietario.

El primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Móstoles, Alberto Rodríguez de Rivera, ha explicado que la existencia de viviendas desocupadas en el municipio requiere de las administraciones la adopción de medidas tendentes a paliar un incumplimiento del fin social de la vivienda, consagrado en la Constitución. Máxime cuando existen en el municipio de Móstoles, al igual que en los del resto de la Comunidad, personas que por haber sido desahuciadas o por carecer de los recursos necesarios carecen de esta vivienda que la Constitución garantiza a todos los españoles.

«La permanencia de una vivienda desocupada supone un deterioro del bien y de la propia comunidad que padece el abandono del piso e incluso el incumplimiento del plazo del pago de las cuotas de las comunidades de propietarios», ha apostillado el concejal de Móstoles.