La ocupación ilegal de viviendas en España ha experimentado un repunte significativo en los últimos años, generando preocupación tanto entre los propietarios como en las autoridades. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 casos de usurpación y allanamiento de morada, un aumento del 7,4% respecto a los 15.289 casos de 2023. Este incremento rompe la tendencia descendente de los dos años anteriores y sitúa a 2024 como el tercer año con más casos desde 2010.​

Las ocupaciones diarias podrían superar las 50 si se tienen en cuenta las no denunciadas

Las cifras oficiales indican un promedio de 45 ocupaciones ilegales diarias en España durante 2024. Sin embargo, expertos señalan que el número real podría ser mayor, superando las 50 diarias, ya que muchas ocupaciones no se denuncian oficialmente. Esto se debe a que algunos propietarios optan por resolver la situación de manera extrajudicial, ya sea mediante acuerdos económicos o contratando empresas especializadas en desalojos. Además, la creciente preocupación por la denominada «inquiokupación» —inquilinos que dejan de pagar el alquiler de forma premeditada— no siempre se refleja en las estadísticas oficiales.​

Cataluña encabeza la lista con más del 40% de los casos

Cataluña se mantiene como la comunidad autónoma con mayor número de ocupaciones ilegales, concentrando el 42,6% de los casos en 2024, lo que equivale a 7.009 incidentes. Le siguen Andalucía con 2.207 casos, Comunidad Valenciana con 1.767 y Madrid con 1.451. Estas cuatro regiones acumulan la mayoría de las ocupaciones en el país, reflejando una problemática más acentuada en áreas urbanas densamente pobladas.​

Los casos de allanamiento y usurpación por provincias

A nivel provincial, Barcelona lidera con 5.077 casos en 2024, representando el 30,9% del total nacional. Otras provincias con altos índices incluyen Madrid (1.451), Girona (940), Valencia (876), Tarragona (785) y Alicante (687). En contraste, provincias como Soria, Teruel y Zamora registran menos de 20 casos anuales, evidenciando una distribución desigual del problema a lo largo del territorio español.​

Se incrementan las demandas en los juzgados

El aumento de las ocupaciones ilegales ha tenido un impacto directo en el sistema judicial. Entre enero y septiembre de 2024, los Juzgados de Primera Instancia recibieron 1.782 procedimientos de juicios verbales posesorios por ocupaciones ilegales de inmuebles residenciales. Este incremento en las demandas refleja la creciente preocupación de los propietarios por recuperar sus viviendas y la presión adicional sobre el sistema judicial para resolver estos casos de manera eficiente.​

La inquiokupación no contabiliza pero se disparará cuando comiencen a vencer contratos de alquiler del 2019

Un fenómeno preocupante es la «inquiokupación», donde inquilinos dejan de pagar el alquiler de forma intencionada y permanecen en la vivienda. Este tipo de ocupación no siempre se refleja en las estadísticas oficiales, ya que se enmarca en procedimientos civiles por impago. Se prevé que este problema se agrave con el vencimiento de contratos de alquiler firmados en 2019, especialmente aquellos con cláusulas de actualización de renta que podrían dificultar la continuidad del arrendamiento para algunos inquilinos.​

Jubilados y vulnerables serán las principales víctimas de los vencimientos de contratos de alquiler

Los colectivos más afectados por el vencimiento de contratos de alquiler serán los jubilados y personas en situación de vulnerabilidad económica. La finalización de contratos podría conllevar incrementos en las rentas o la no renovación, dejando a estos grupos en una posición precaria y aumentando el riesgo de ocupaciones ilegales como alternativa habitacional. No está el mercado para encontrar un nuevo alquiler y barato.

Es esencial que las políticas públicas aborden esta problemática, ofreciendo soluciones que protejan tanto a los inquilinos vulnerables como a los propietarios legítimos.​

En resumen, la ocupación ilegal de viviendas en España es un problema complejo y en aumento, que requiere de medidas integrales y coordinadas entre las administraciones públicas, el sistema judicial y la sociedad en general para garantizar el derecho a la propiedad y el acceso a una vivienda digna.