Todo empezó dos años antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con las alzas de precios de los establecimientos hoteleros que dejaron un hueco a ocupar. Y se ocupó. Con los años ese hueco se ha convertido en sector, ha ido creciendo y ahora su aumento, el de las viviendas de uso turístico, es imparable. Su utilización, propiciada por nuevas plataformas en internet, ha crecido más de un 60% en los dos últimos años y está presente en más del 36% de los viajes de vacaciones en España.
Y su crecimiento, generado por una mayor afluencia de turistas a nuestro país, con seis años consecutivos de incrementos, está generando muchos problemas en las ciudades y comunidades autónomas más afectadas, así como entre los distintos colectivos con intereses en el desarrollo o freno de este pujante sector.
El Tribunal Supremo de Justicia de Canarias ha tumbado, hace unas semanas y con una contundente sentencia, los artículos centrales del Decreto 113/2015 relativos a la prohibición de las viviendas vacacionales en zonas turísticas y la prohibición del Bed & Breakfast. De ésta forma, los propietarios y gestores de viviendas vacacionales han obtenido una primera victoria en la batalla que los enfrenta al Gobierno de Canarias y a la patronal hotelera. Aunque, la sentencia no es firme y Gobierno de Canarias puede interponer recurso ante el Tribunal Supremo.
Por su parte, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca también ha optado por ponerle coto a la situación, y por eso, ha decidido prohibir el alquiler de pisos turísticos en el centro de la ciudad. Las razones del consistorio de Palma son similares a las que Colau en Barcelona está esgrimiendo frente a este fenómeno: no fomentan el turismo sostenible, elevan los alquileres de las viviendas y expulsan a los habitantes tradicionales de los barrios afectados. Según el municipio, en el 90% de los casos la actividad es ilegal, afectando a casi 3.000 inmuebles del centro turístico de Palma de Mallorca.
El ayuntamiento sale al quite de una situación que está comenzando a tensarse demasiado, creciendo el precio de los alquileres un 40% en los pasados cuatro años, achacándose a la proliferación de éstos inmuebles la subida de los alquileres y el progresivo despoblamiento que se está produciendo en el casco histórico de la ciudad. Sus habitantes, personas mayores en muchos casos, no pueden pagar las cantidades que se están imponiendo y marchan de sus barrios de toda la vida al no poder acceder a una vivienda digna. Con la subida de los alquileres, sube el ratio de lo que deben de pagar los hogares por el arrendamiento con respecto a la renta media, superándose ya el 36% de los ingresos mensuales. El ayuntamiento de Palma estima que en estos últimos cuatro años el número de plazas en establecimientos turísticos en el centro histórico ha pasado de 1.857 plazas en 2014 a 2.838 plazas en 2017, es decir, ha aumentado un 65%.
El Ayuntamiento de Madrid, con una oferta de viviendas turísticas que supera ya los 10.000 alojamientos, está preocupado por la situación, aunque no es tan grave, en porcentaje como en Barcelona o en el centro histórico de Palma de Mallorca. La presión se manifiesta sobre todo en la zona de Sol y los barrios de Lavapiés y Malasaña; con casi el 60% de la oferta de alquileres vacacionales de la ciudad. Y se repite el problema que ha surgido en Palma de Mallorca o Barcelona, los habitantes del centro, muchos de ellos de elevada edad, pensionistas y con poco poder adquisitivo, son expulsados hacia la periferia por la subida desorbitada de los precios del alquiler, debido a la proliferación de viviendas de uso turístico.
El Ayuntamiento de Madrid quiere actuar antes de que la situación comience a agravarse, pero carece de las competencias necesarias en vivienda o turismo, que residen en la Comunidad de Madrid.
Y como el Gobierno de Cifuentes no va a estar muy por la labor de facilitar la situación a Carmena, aplicando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con el que sólo se permitirían los alquileres vacacionales en bajos, viviendas con salida directa a la calle o primeros pisos y el resto serían ilegales, el Ayuntamiento está preparando otra estrategia. En ella se consideraría que una ocupación superior a los 60 días pasaría a considerarse actividad económica y deberá pagar una tasa. Ya están hablando con AirBnB para conseguir esos datos de ocupación y que los pisos que superen esos 60 días se les aparte de la plataforma o se les cobre directamente la tasa. La plataforma AirBnB , que ya está hablando con muchas ciudades para poner algo de control en la actividad, asegura que el año pasado la cifra de negocio en Madrid alcanzó lo 447 millones de euros. Cifra que –los hoteleros lo tienen claro-se ha detraído de los ingresos de este sector y se han creado muy pocos puestos de trabajo.
El informe preparado por el ayuntamiento de Madrid, que busca la forma de controlar la situación, asegura que el 58% de las viviendas de uso turístico que se publicitan en internet son de multipropietarios, que ofrecen viviendas no habituales y se observa, además, una presencia creciente de fondos de inversión que obtienen altas rentabilidades, imposibles de obtener de otra forma y sin ningún control ni regulación.
Está claro que para los propietarios que eligen esta opción las ventajas son evidentes: La primera es la de unos mayores ingresos que pueden superar el 50%, una vez descontados todos los gastos que este tipo de alquiler origina. Y también la gran facilidad para encontrar inquilinos, sobre todo en un país que, como hemos dicho antes, sube su cifra de turistas de año en año, a lo que es preciso sumar la aparición de plataformas como AirBnB, que ponen en contacto a los turistas demandantes con los propietarios ofertantes.
Es necesaria una regulación sino queremos que el fenómeno se extienda y con él se agudicen los problemas ya detectados. No se trata sólo de hacerles “el caldo gordo” a los hoteleros, sino prevenir la conversión de los centros de las ciudades en grandes hoteles, con lo que ello significa. Y la regulación, es necesaria sobre todo cuando hablamos de vivienda, que no es un producto de inversión, sino un derecho constitucional. Y con ello convertiremos a los piratas en posaderos que pagan sus impuestos.
Más información:
https://www.aquimicasa.net/blog/economia/alquiler-vacacional
https://www.aquimicasa.net/blog/ofertas/el-alquiler-vacacional-se-incrementa-un-24
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